Los Mossos d'Esquadra han detectado en un año en Lleida diecisiete denuncias falsas por violencia machista presentadas por mujeres de origen marroquí para obtener papeles de residencia y una ayuda económica de casi 5.000 euros el año. Las mujeres, la mayoría de ellas dedicadas a la prostitución, denunciaban maltratos de algunos de sus clientes y los pagaban para dejarse inculpar.

El juzgado de Lleida investiga por un delito de acusación y denuncia falsa 23 personas, entre ellas, cuatro hombres que cobraban para dejarse denunciar y diecisiete mujeres que denunciaban los maltratos falsos, una de las cuales, además, se considera una de las líderes de la red junto con dos investigados más. Los tres, que fueron detenidos por estos hechos, también se los acusa de pertenencia a grupo criminal ya que se encargaban de reclutar a las chicas y acompañarlas a denunciar y pedir ayudas.

Una denuncia falsa inició la investigación

Los hechos se destaparon hace un año, en septiembre de 2018, cuando llegó una denuncia por maltratos al juzgado de instrucción 1 de Lleida que resultó ser falsa. El juzgado ordenó entonces una investigación y los Mossos consiguieron relacionar hasta diecisiete denuncias similares por maltratos que sospechan son falsas, presentadas entre en marzo de 2018 y en marzo de 2019, por mujeres de origen marroquí procedentes de Huelva.

En todos los casos se da la circunstancia que pocos días después de denunciar, solicitaban el permiso de residencia especial y la ayuda de Renta Activa de Inserción (RAI), a qué tienen derecho las víctimas de violencia machista. Para llevar a cabo todas estas gestiones, las ayudaban, a cambio de dinero, una mujer y dos hombres, que fueron detenidos y considerados los líderes de la red criminal: Asmaa H., Itoo E.H. y Driss S. Tanto ellos como las denunciantes son de origen marroquí. De los cuatro hombres que cobraban para dejarse denunciar, uno es marroquí, otro español y dos más argelinos.

Las denuncias falsas no llegan al 0,01%

La investigación la sigue llevando el juzgado de instrucción 1 de Lleida que, después de analizar las pruebas y de escuchar las declaraciones tanto de los investigados como de testigos, tendrá que decidir si archiva el caso o considera que hay bastantes indicios incriminatorios y pide que se abra juicio oral contra ellos. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, el año 2018 se abrieron catorce investigaciones por supuestas denuncias falsas, lo cual supone un 0,0083% del total.