Cuando un caso es tan grave como el del electricista de 45 años y nacionalidad española que en los años 2022 y 2024 fue arrestado por agredir sexualmente a menores de edad y ofrecerlas, a cambio de dinero, a otros hombres, para quien la Fiscalía pide, para el primer caso que llegará a juicio, 107 años de prisión —pendientes todavía de otras dos causas abiertas, fruto de la investigación hecha por los Mossos, a raíz de toda la documentación que se pudo intervenir en casa del hombre, en Ciutat Vella, en Barcelona—, acaban aflorando errores graves, y muchas veces, como en el caso de Tortosa, también con implicaciones por parte de las instituciones públicas que, supuestamente, deben velar por la protección de los menores de edad.
El caso —erróneamente bautizado como "Pelicot catalán", porque tiene pocas o ninguna similitud con él—, ha hecho estremecer a todo el mundo. Ya lo hizo cuando se conoció, el año pasado, cuando los Mossos explicaron detalles de la investigación que, desde 2022, tenían en marcha contra este hombre, T. L. M. El primer registro en su casa permitió intervenir decenas de conversaciones con menores y grabaciones de las menores con otros hombres. Y permitió a los investigadores tirar del hilo, hasta identificar a otros agresores, que fueron arrestados, junto con el líder de esta trama, en el año 2024. Él y uno de los otros detenidos siguen en prisión. Y ahora, cuando se ha sabido la petición de la Fiscalía por la agresión sexual repetida a la menor, de 12 años, el caso ha vuelto a ganar visibilidad. Pero hay, como mínimo, dos causas más, con el mismo denominador común: menores, agresiones sexuales, grabaciones y el electricista arrestado.
Sin embargo, el caso deja muchas preguntas en el aire. Algunas, que solo plantearlas, estremecen. El caso se destapó cuando los educadores que trabajan en el centro de la DGAIA donde estaba la chica, en L'Hospitalet de Llobregat, detectó que en el móvil tenía conversaciones con hombres, algo que hizo que los mismos trabajadores, siguiendo los canales habituales, se pusieran en contacto con la familia para denunciar los hechos a la policía. Eso inició la investigación en el año 2021, que acabó con la primera detención de 2022, la que permitió recoger toda la información de casa del supuesto depredador, y después, la detención de él y otros cómplices, en el año 2024, por parte de la Unidad Central de Cibercrimen de la policía catalana.
Dos años de abusos antes de ser detectados
Pero hacía, como mínimo, dos años que sufría los abusos de este hombre. Se trata de una niña que salía de una relación tóxica con su familia y acabó en el centro, de donde se escapaba a menudo. Hasta entonces, sin embargo, nadie detectó nada extraño. O nadie hizo nada para saber si pasaba algo extraño. Las preguntas, pues, se van sumando. ¿Qué falló? ¿Quién no hizo su trabajo? Las dudas son pertinentes, teniendo en cuenta que estos centros son de protección de los chiquillos.
Pero, y según ha revelado uno de los educadores que trató a la menor, todavía hay más cosas extrañas. Según asegura Daniel Segura, la DGAIA, de la Generalitat de Catalunya, aceptó que la chica, cuando todavía era menor de edad, se fuera a vivir con un hombre de 25 años. "Conoció a un chico mayor que ella y se fue a vivir con él. No entiendo cómo la DGAIA y la administración lo aceptaron. Se escapó con un chico de 25 años cuando ella tenía 15 todavía. Desde la DGAIA lo aceptaron. Él iba al instituto y les pareció correcto, pero no pasa habitualmente", ha detallado a RAC1 Segura. Este caso, pues, además de la miseria humana del acusado, y de los hombres que, sabiéndolo, pagaban por agredir sexualmente a las menores de edad que él reclutaba —los culpables, si se acaba demostrando—, también hace salir a la luz los problemas de un sistema de protección de la infancia en nuestra casa que, parece, que no funciona. ¿Cómo una niña protegida por la DGAIA acaba en manos de un depredador sexual como T. L. M.? ¿Quién controlaba las salidas y entradas de la menor del centro? ¿Quién protege a los menores que están en los centros de menores de Catalunya? ¿Quién autorizó que la chica, de 15 años, se fuera a vivir con un hombre de 25? Las preguntas se van sumando. De momento, sin respuesta.
El Govern, "consternado"
Este martes, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha mostrado su "rechazo más absoluto" al caso que Fiscalia ha vuelto a poner de actualidad al pedir 107 años de prisión para un hombre que violó reiteradamente a una menor de 12 años tutelada por la DGAIA en Barcelona, y que anunciaba a la chica en aplicaciones de citas para que otros hombres la violaran conjuntamente mientras los grababa. Según la portavoz, el Gobierno está "consternado" por estos "hechos execrables" y ha puesto "a disposición todas las garantías y recursos para evitar" que otro caso similar pueda suceder. Con todo, Paneque ha querido pedir "prudencia" porque la investigación judicial del caso sigue en marcha y "hay menores implicados". "Se tiene que ser especialmente prudente en las manifestaciones que se hacen", ha sentenciado.