Hecha la ley, hecha la trampa. Las personas que son víctimas de violencia de género o de tráfico de personas, si lo denuncian, se pueden acoger a unos beneficios que, en el caso de las personas extranjeras, implican también poder solicitar permiso de residencia y también cobrar una indemnización. Y siempre hay quien encuentra la rendija para aprovecharse del sistema y eso es lo que han descubierto los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Lleida y de la DIC de Ponent que hacía una mujer de nacionalidad marroquí que controlaba un prostíbulo de la capital del Segrià y que falseaba denuncias de violencia de género, con agresiones incluidas, para conseguir permisos de residencia y el pago de estas indemnizaciones públicas para las falsas víctimas.
Este caso, que se ha bautizado como Luperca -la loba que amamantó a los fundadores de Roma, según la mitología-, tiene muchas coincidencias con una investigación parecida hecha por agentes de la Unidad de Investigación de Lleida el año 2019 también donde mujeres del Norte de África simulaban agresiones machistas para poder aprovecharse del sistema y conseguir permisos de residencia y de trabajo en nuestra casa, a pesar de estar en situación irregular. La policía catalana, a pesar de estos casos, que también se han detectado en otros puntos de España, aseguran que el porcentaje de denuncias falsas en el ámbito de la violencia de género es residual y se enmarcan en este tipo de tejemanejes ilegales.
El caso Luperca: 3.000 euros para falsas denuncias
A raíz de una denuncia, y la pericia de los agentes de los Mossos de la comisaría de Lleida, se puso en marcha, de manera coordinada con la DIC de Ponent, una investigación para aclarar unos hechos que parecían tener muchas similitudes con el caso de 2019 -que aquel momento se archivó, cuando llegó a juicio.
Estirando el hilo, los investigadores llegaron a saber que una mujer que controlaba un prostíbulo de Lleida había urdido un plan para ofrecer marihuana y pagos de entre 2.000 y 3.000 euros a hombres drogodependientes para simular una relación con una de las mujeres que ella trasladaba desde otros puntos del Estado, para simular, al mismo tiempo, también una agresión machista y poder optar a estas ayudas sociales y, al mismo tiempo, también conseguir el permiso de residencia.
Los Mossos pudieron llegar a contactar con dos hombres que estaban en la prisión de Lleida condenados por agresiones machistas y después de hablar con ellos pudieron trazar como funcionaba este entramado criminal dedicado a falsear denuncias de violencia machista para aprovecharse de las ayudas. En los dos casos, los dos hombres no recibieron el dinero que la mujer les prometió para aceptar participar en este delito. También les habían prometido que retirarían las denuncias por evitar finalmente ser condenados, pero no lo hicieron, y acabaron a prisión.
Colaboraron, sabiendo que también habían sido cómplices, y eso permitió estirar el hilo hasta poder detener a doce mujeres que habían regularizado su situación al Estado inventándose denuncias por violencia machista. Las denuncias tenían similitudes y estaban hechas con manazas, han explicado fuentes de la investigación a ElCaso.com, pero hacía falta que los investigadores se lo miraran sabiendo esta estafa. Además, también se detuvo la pareja de una de estas mujeres, con quien habían participado también con la venta de marihuana al prostíbulo, y la mujer que se encargaba de coordinar las estafas, la propietaria del prostíbulo, considerada la líder de este entramado.
Si bien once de las detenciones quedaron sin efecto y las mujeres ni fueron entregadas al juzgado de guardia, el de instrucción 4 de Lleida, que es quien llevó el caso, las otras dos mujeres y el hombre detenido sí que pasaron a disposición del juez, que a falta de petición por parte de la Fiscalía, quedaron en libertad con cargos a la espera de que se celebre el juicio.
Investigación pendiente de una segunda fase
Los Mossos pudieron tener el testimonio de estos dos hombres condenados y que estaban en la prisión por las falsas agresiones, y también pudieron localizar otros, que no quisieron colaborar con la policía. Los Mossos mantienen abierta esta investigación y esperan que en una nueva fase del caso Luperca puedan identificar a más personas implicadas; hombres cómplices que por la promesa de entre 2.000 y 3.000 euros participaban de la estafa y mujeres que regularizaron su situación aprovechándose del sistema e inventándose ser víctimas de violencia de género.