Cuatro restaurantes de Torredembarra, en Tarragona, fueron clausurados en abril del año pasado después de que la Policía Nacional y la Guardia Civil destaparan la trama de una mafia internacional dedicada a la explotación laboral de personas que captaban en Colombia, aprovechando su situación de vulnerabilidad económica y enredándolos con promesas de un contrato de prácticas y un sueldo de 500 euros al mes que nunca llegaban a cumplir. En ese momento, se detuvo a la cabecilla de la organización, así como a una quincena más de implicados, y se pudo liberar a 25 de las víctimas. La operación no se dio por concluida, sin embargo, y el pasado mes de julio se rescató a una treintena de personas más que habían caído en la trampa de los delincuentes y se arrestó a otros diez sospechosos, todos ellos acusados de un delito de pertenencia a grupo criminal dedicado al tráfico de personas con finalidad de explotación laboral.
Esta segunda fase de la operación, bautizada como Napoleón-Aguazul, se ha llevado a cabo tanto en Tarragona ciudad como en Torredembarra y en Arganda del Rey, en Madrid, donde se han realizado cinco, cuatro y una detenciones, respectivamente, durante los días 21, 22 y 23 de julio. Los diez arrestados —cinco colombianos, tres españoles, un venezolano y un rumano— han pasado ya a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de El Vendrell. Con los nuevos rescates, realizados gracias a meses de trabajo de los investigadores, que han hecho un análisis intenso de toda la documentación, teléfonos móviles y ordenadores requisados, el número total de víctimas asciende a 57. A todas ellas se les ha prestado asistencia por parte de entidades especializadas en el acompañamiento de personas que se encuentren en situaciones vulnerables derivadas de acciones criminales.
¿Cómo funcionaban estos restaurantes de los horrores?
Después de captar a las víctimas en Colombia y de trasladarlas a Torredembarra, las ponían a trabajar en diferentes restaurantes de Torredembarra sin contrato y sin legalizar su situación en el Estado español, pagándoles solo 20 euros al mes después de hacer todas las deducciones en concepto de la deuda que contraían con los miembros de la organización por el viaje. Las condiciones laborales eran infrahumanas, obligándolos a trabajar entre 12 y 15 horas al día de lunes a domingo, en vez de las cuatro horas diarias, con derecho a dos días de descanso, que habían firmado en los supuestos contratos. Para tenerlos controlados, los hacinaban en pisos que tenía la líder del grupo, que era quien tenía en propiedad los restaurantes.
Finalmente, fueron otros restauradores de la zona quienes descubrieron el pastel, al darse cuenta de que estos establecimientos tenían demasiado personal por el tipo de negocio, y alertaron a las autoridades de sus sospechas de que podían estar incurriendo en un delito de explotación laboral.