La Guardia Civil y la Policía Nacional han clausurado cuatro restaurantes de Torredembarra (Tarragona) y de la zona de la Costa Dorada que operaban con trabajadores de nacionalidad colombiana explotados y a los que pagaban, según las investigaciones, sueldos de veinte euros por trabajar horas y horas sirviendo en estos restaurantes. Las sospechas de otros restauradores, que detectaron que los establecimientos tenían muchos trabajadores, por encima de las condiciones normales de estos tipos de negocio, pusieron en alerta a la Guardia Civil, que junto con la Policía Nacional, titular de las investigaciones relacionadas con Extranjería, iniciaron una investigación que acabó a principios del mes de abril con una quincena de detenidos. Entre ellos, la propietaria de varios restaurantes que, supuestamente, era una de las líderes del grupo desmantelado. Tres de los detenidos ingresaron en prisión.

La investigación permitió confirmar la existencia de personas de origen colombiano que trabajaban en unas pésimas condiciones laborales, sin contrato ni documentación de estancia legal y manteniendo un horario abusivo en varios establecimientos de cara al público en Torredembarra. Las víctimas viajaban desde Colombia después de ser captadas por la organización. Se les ofrecía un sueldo y un contrato de prácticas que, ya en el Estado, no se ajustaba al contrato que habían firmado. El mismo conglomerado criminal les facilitaba la documentación necesaria para hacer el viaje a España, como visados, seguros médicos, tasas de abogados, trámites con consulado y administraciones de Colombia, las víctimas contraían con la organización una deuda en concepto de viaje y trámites. La deuda cada vez se hacía grande para así descontarlo directamente el dinero del salario que percibían por su trabajo.

 

Les prometían sueldos de 500 euros mensuales para hacer horas y formación, pero acababan trabajando jornadas de entre 12 y 15 horas y de lunes a domingo y cobrando, después de las deducciones que las hacían los mismos jefes, sueldos de 20 euros al mes. Los trabajadores explotados vivían en pisos que la misma propietaria de los restaurantes tenía en la zona. Los miembros de la organización controlaban incluso las bajas médicas para evitar que las tuvieran. Si alguna de estas personas se encontraba indispuesta les facilitaban ellos mismos fármacos potentes que en realidad requerían receta médica para que siguieran trabajando.

Cuando se pudieron confirmar las sospechas, se organizó el registro de los locales y también de domicilios de los principales investigados, donde se detuvieron una quincena de personas y se pudo intervenir dos armas detonadoras, 22.295 euros en efectivo, dos dispositivos móviles, dos portátiles, un vehículo, un disco duro, cámaras de vigilancia y diversa documentación de interés para la investigación.

Cuatro restaurantes cerrados

Se ha ordenado la clausura de los cuatro locales de restauración de los que se valía la organización criminal para llevar a cabo la explotación de los trabajadores. Cuando se hicieron las entradas en los locales y en los pisos donde vivían las víctimas se pudieron encontrar casi a una treintena de personas, que pudieron ser liberadas. Durante la investigación, la policía ya había podido liberar a una veintena de personas. En total, hasta esta fase de este caso, se ha podido confirmar que la organización tenía bajo su control una cincuentena de trabajadores explotados, todos de nacionalidad colombiana.

Los detenidos están acusados de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de seres humanos con finalidad de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración, detención ilegal y falsedad documental; los tres líderes de la banda han ingresado en la prisión de Mas d'Enric, en Tarragona.