La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera, han liberado a 162 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en falsos salones de masajes de diferentes puntos del Estado, principalmente en el País Valencià, pero también en Manresa (Barcelona) y Reus (Tarragona), así como Murcia y Málaga. El dispositivo ha culminado con la detención de 37 personas de nacionalidad colombiana y española -con nueve de ellas ya en la cárcel de manera provisional- y 39 entradas y registros en viviendas, después de que tres de las víctimas denunciaran que las estaban prostituyendo.
Los cabecillas de la mafia tenían vínculos familiares y sentimentales entre ellos y eran los propietarios o inquilinos de los inmuebles a los que daban una apariencia de legalidad camuflándolos como salones de masajes. No obstante, una vez se hacían con las propiedades, que eran principalmente viviendas unifamiliares y locales comerciales, las reformaban llenándolas de habitáculos con literas y colchones donde las mujeres que captaban en diferentes países latinoamericanos - y también en España, pero siempre latinas- eran obligadas a vender su cuerpo. En la mayoría de los casos, las víctimas habían llegado al Estado español en situación irregular y no tenían permisos ni de residencia ni de trabajo, quedando completamente a merced de los proxenetas.
Los dirigentes de la organización contaban con la colaboración de personas de confianza que supervisaban el funcionamiento de los prostíbulos y de recaudar los beneficios. En la base de la pirámide estaban las encargadas de vigilar a las víctimas a todas horas, cobrar a los clientes y proporcionarles drogas si las pedían. Las mujeres vivían en régimen de secuestro, y solo podían salir a la calle dos horas al día por la mañana, pero siempre controladas. Además, las rotaban entre los diferentes locales y podían sacar la paga con cualquier excusa; en este sentido, la mitad de lo que cobraban a los clientes iba siempre a los bolsillos de los proxenetas.
Investigados por blanqueo de capitales
Paralelamente, los agentes del Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de València inició una investigación por posible blanqueo de capitales. Gracias a estas pesquisas se pudo identificar a las personas físicas que hacían de pantalla para esconder el verdadero origen del dinero. De momento, esta investigación patrimonial continúa abierta. Los registros de los domicilios de los once máximos responsables se saldó con la incautación de 141.000 euros en efectivo y tres vehículos, así como el bloqueo de bienes muebles e inmuebles.