Un amplio dispositivo policial realizado durante la tarde del 9 de octubre permitió controlar cerca de 900 vehículos en la carretera C-17 a la altura de Ripoll, en Girona. Durante tres horas, entre las tres y media y las seis y media de la tarde, una cuarentena de agentes se desplegaron en el punto kilométrico 90.5 de la C-17 para llevar a cabo controles simultáneos de velocidad, alcohol, drogas, transporte, documentación y seguridad ciudadana.
El balance final del dispositivo, que era la primera vez que se hacía uno de estas características en la comarca del Ripollès, dejó datos destacados: se practicaron 71 pruebas de detección de alcohol y drogas, de las cuales cinco personas fueron denunciadas por dar positivo por el consumo de sustancias estupefacientes y otra superó la tasa de alcohol permitida. Además, diecisiete personas fueron denunciadas por exceso de velocidad, el caso más extremo fue el de un hombre que circuló a 142 km/h en un tramo limitado a 100.
También se instruyeron dos atestados por delitos contra la seguridad vial, uno de ellos, por conducir con el permiso retirado por haber perdido todos los puntos. En cuanto a los controles de distracciones al volante, se inspeccionaron 70 coches, de los cuales 17 conductores fueron denunciados. También se interpusieron cuatro denuncias de transporte, especialmente por circular con exceso de peso.
Participan seis cuerpos policiales
El operativo, que ha sido coordinado por los Mossos d'Esquadra, ha contado con la colaboración de la Policía Local de Ripoll, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Cuerpo de Agentes Rurales y la Inspección de Trabajo de la Generalitat.
Los otros cuerpos policiales también detectaron infracciones y levantaron varias actas administrativas y denuncias: los Agentes Rurales levantaron dos actas, una por infracción del Reglamento de Armas tras intervenir un rifle semiautomático a un conductor que, además, llevaba una tasa de alcohol de 0,50 mg/l. La Policía Nacional identificó a doce personas, tres de las cuales quedaron citadas por un procedimiento de expulsión según la ley de extranjería. La Guardia Civil, por su parte, levantó dos actas por contrabando, y la Inspección de Trabajo detectó dos infracciones laborales tras revisar doce vehículos de empresas y catorce trabajadores.
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