Víctor es un vecino de la pedanía de El Esparragal (Murcia, Región de Murcia) que, en los últimos días, se ha hecho viral alrededor de todo el país después de hacerse público un vídeo en el que aparece él, junto a dos hombres más, echando a unos okupas del chalet que recientemente había adquirido. Las imágenes rápidamente han aparecido en todas las redes sociales y tertulias televisivas, generando polémica por la actuación del propietario, la cual, en términos legales, no fue la más adecuada. A pesar de que Víctor ha pedido perdón públicamente y ha explicado el motivo por el que actuó de la manera en que lo hizo, son muchos los que ahora se preguntan qué consecuencias legales tendrá su actuación.
La viralización de la actuación de Víctor podría suponerle serios problemas legales, incluso una condena de prisión
El propietario del chalet, Víctor, se dirigía a su recién adquirido inmueble con su familia para recoger algunas cosas; la casa está reformándose y todavía no viven ahí. Al acercarse, comprobó que una familia de okupas había entrado a la fuerza en su casa e incluso habían instalado una piscina hinchable. En ese instante, Víctor llamó a dos amigos y los tres, armados con barras de hierro y objetos punzantes irrumpieron en su legítima casa para echarlos. La actuación de Víctor y sus amigos, que muchos han calificado de "heroica", ha quedado grabada en un vídeo que se ha hecho viral. No obstante, esta misma viralización podría acarrear serios problemas legales para el propietario del chalet, que incluso podría enfrentarse a una condena de prisión por estos hechos.
La actuación de Víctor podría considerarse un "acto delictivo", ya que no siguió la vía legal
Víctor y sus amigos podrían ser acusados de haber cometido dos delitos distintos al actuar como lo hicieron para echar a los okupas, puesto que no siguieron el cauce legal establecido y actuaron por su propia cuenta, sin tener en cuenta la legalidad. Así pues, varios expertos señalan que tanto Víctor como sus amigos podrían haber incurrido en dos hechos delictivos, uno de coacciones y otro de realización arbitraria de propio derecho, los cuales pueden acarrear multas económicas e incluso una pena de prisión.
Por un lado, el legítimo propietario del chalet podría haber incurrido en un delito de coacciones al obligar a los okupas a hacer algo que ellos no quieren, como en este caso, abandonar la vivienda okupada. Este delito podría suponer una pena de prisión de entre seis meses y tres años, o multas económicas de 12 a 24 meses.
Por otro lado, Víctor también podría ser acusado de haber cometido un delito de realización arbitraria de propio derecho; este delito se refiere al hecho de que la persona que lo comete, a pesar de tener a su favor un derecho (en este caso, la propiedad del chalet) actúa fuera de las vías legales, anteponiendo así sus propias necesidades a la legalidad. Este delito puede suponer una sanción económica de seis a 12 meses. No obstante, algunos expertos advierten de que este segundo delito podría verse agravado por el uso de las barras metálicas, que se consideran objetos peligrosos, lo cual podría suponer otra multa, de 12 a 18 meses.