Dos empresas de la zona de Barcelona están bajo sospecha de la Guardia Civil después de haber descubierto graves irregularidades en la gestión de residencias caninas para ganar dinero gracias a las licitaciones con ayuntamientos de toda Catalunya. Un total de 50 consistorios eran clientes de estas empresas, aunque desde los municipios se desconocía cómo funcionaban. Una denuncia de la asociación animalista FADA de Barcelona ante la Fiscalía —y después de no ser escuchados por la Generalitat— abrió una investigación que ha sido liderada por el Seprona de la Guardia Civil.
La investigación ha revelado que estas empresas, responsables de la recolección de animales abandonados, formaban parte de una red criminal dedicada a la recolección clandestina de cadáveres de animales muertos, al maltrato animal y a la falsificación documental. Las residencias implicadas, además de proporcionar refugio a los animales abandonados, gestionaban la incineración de los cadáveres, pero no cumplían los protocolos legales de trazabilidad requeridos por la normativa, lo que generó sospechas de manipulación de pruebas. Según las investigaciones, se descubrió que los responsables de las residencias sacrificaban animales injustificadamente y que algunos cuerpos eran destruidos para ocultar evidencias de maltrato, todo ello con el objetivo de aumentar los beneficios del dinero que recibían a través de las licitaciones de los ayuntamientos.
Los consistorios, que desconocían las irregularidades, habían contratado los servicios de estas empresas para el traslado de los animales abandonados, sin darse cuenta de las condiciones inaceptables en las que se mantenían. Además de las denuncias por maltrato, la investigación también ha revelado falsificaciones de documentos y el almacenamiento ilegal de cuerpos de animales en naves industriales.
Sin voluntarios para no dar pistas
Estas empresas mantenían un elevado nivel de secretismo, incluyendo contratos de confidencialidad con su personal y rechazando la colaboración de voluntarios, lo que dificultaba cualquier intento de supervisar su gestión. El Seprona ha concluido que la red operaba como una organización criminal, con un esquema lucrativo que se beneficiaba tanto de los contratos con los ayuntamientos como de la gestión de animales muertos y sus residuos.
La investigación contra las dos empresas, que operan desde la demarcación de Barcelona, donde tienen los centros, pero trabajan para ayuntamientos de todo el país, sigue abierta, con cargos por maltrato animal, falsedad documental, organización criminal y delitos contra los recursos naturales contra cinco personas. Las dos empresas siguen operando, según ha podido saber ElCaso.com, a la espera de que avancen las investigaciones, aunque cinco personas han sido imputadas. El objetivo de todas estas prácticas —no atender a los animales recuperados, no darles medicación y hacerlos desaparecer— era, según las investigaciones, y ahora por ahora, supuestamente, hasta que se pueda aclarar ante el juez, para aumentar los beneficios.
Organización criminal
Es por eso, teniendo en cuenta que las empresas tenían claros los objetivos y estaban organizadas, que el Seprona también ve, además de los delitos contra los animales y la falsificación documental, también un delito de organización criminal. Desde FADA han lamentado que si bien también informaron de los hechos a la Generalitat de Catalunya, y concretamente al departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, no se movió ni un solo dedo.