La Policía Local de Vila-seca, en el Tarragona, ha investigado durante más de un año un grupo criminal que se encargaba de vender empadronamientos ilegales en el municipio. Las sospechas empezaron cuando el propietario de un piso fue a la comisaría a denunciar que constaban personas empadronadas sin vivir allí realmente. La policía inició una investigación y comprobaron que, en el municipio, se habían hecho varios empadronamientos en viviendas vacías donde el propietario legítimo no residía, y pidió colaboración a la Unidad Contra las Redes de Inmigración de la Policía Nacional.
Los investigadores llegaron hasta uno de los líderes de la banda criminal, un albañil, vecino de toda la vida de Vila-seca, que conocía muy bien el municipio. El hombre aprovechaba su trabajo para averiguar qué pisos quedaban vacíos, fuera porque habían sido desahuciados o porque los propietarios no residían allí. Además, mediante la correspondencia que llegaba a estos domicilios, el sospechoso conocía con exactitud la identidad de los propietarios.
La tipología fue clave en la resolución del caso
Con la información de los pisos vacíos y el nombre de los propietarios, la banda criminal pedía una nota simple al registro de la propiedad y redactaba los supuestos contratos de alquiler para hacer empadronamientos a personas que se encontraban en Catalunya en situación irregular. La banda criminal, además, cobraba entre 400 y 600 euros por cada empadronamiento. Una vez los documentos estaban firmados, el grupo conseguía autorizaciones de residencia en España y otros documentos oficiales, como por ejemplo la Tarjeta Sanitaria de Catalunya.
Los investigadores pudieron relacionar los contratos con los sospechosos porque todos tenían la misma tipografía y, además, aparecían faltas de ortografía intencionadas —como la omisión de letras de los apellidos o de números de los documentos de identidad. En total se localizaron diecisiete domicilios y 40 empadronamientos falsos, la mayoría realizados en Vila-seca.
La policía nacional española, junto con la Policía Local de Vila-seca detuvo 32 personas vinculadas a la trama. Algunas de ellas eran los organizadores, y los otros, los que acompañaban a los inmigrantes a la Oficina d'Atenció al Ciutadà para empadronarse. Entre los detenidos hay siete personas de nacionalidad española, una senegalesa y el resto, marroquíes, acusados muy como supuestos autores de un delito de favorecer a la inmigración ilegal.