El estado español analizó todos los móviles de la población española durante ocho días. Lo hizo para poder estudiar, a gran escala, el comportamiento de los ciudadanos: qué desplazamientos realizaron, a qué horas y dónde iban de vacaciones, esencialmente. El objetivo era determinar dónde se debían reforzar los servicios públicos y las infraestructuras.

Concretamente, el Instituto Nacional de Estadística analizó los movimientos de los móviles durante cuatro días laborables de noviembre – del 18 al 21 de noviembre – y el fin de semana siguiente. También se recogieron los datos de tres días de vacaciones: el día de Navidad, el 20 de julio y el 15 de agosto del verano siguiente, según El País.

Las encargadas de procesar estos datos fueron las tres operadoras principales con antenas propias: Movistar, Vodafone y Orange. Lo hicieron dividiendo el territorio de todo el estado en áreas con 15.000 habitantes por término medio y proporcionaron los datos de manera agrupada, sin posibilidad de detallar qué movimientos realizó cada usuario.

El estado sabía los movimientos que se hacían cada día

Durante esos cuatro días, se analizó la posición de los móviles entre las doce de la noche y las seis de la mañana para establecer el lugar donde residía cada persona. Después, entre las nueve de la mañana y las seis de la tarde, se examinaron los movimientos para estudiar a dónde se desplazaban para trabajar o estudiar.

Con todos estos datos, se analizó qué movimientos había entre ciudades cada día, qué sitios podían considerarse barrios dormitorio, cuánta gente cambiaba de ciudad para trabajar o cuántos movimientos hubo en una zona de España a lo largo del día.

Con esta estadística, los ayuntamientos y los gobiernos esperaban determinar las líneas de transporte, saber qué infraestructuras necesitaban mejoras y cuántos recursos pedir. También se valoraron los comportamientos de la población los fines de semana y los festivos.

Los expertos creyeron que era ilegal

Toda esta era la teoría, pero ya hubo voces críticas con esta utilización de los datos de los usuarios. El INE aseguró que, como los datos eran anónimos, no había ningún incumplimiento de la ley de protección de datos.

Sin embargo, algunos expertos señalaron que este uso de los datos era ilegal: la ley prevé que las operadoras pudieran utilizar el big data para varios supuestos, pero no para usos estadísticos. En todo caso, hicieran lo que hicieran las operadoras, no podían recibir ninguna sanción porque la ley tampoco lo preveía.