Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 10 de mayo a dos hombres de 30 y 35 años, por haberse hecho con más de 180.000 euros solo con llamadas a restaurantes de toda Cataluña. Uno de los dos se hacía pasar por varias personas, cambiando la voz para confundir a las víctimas, exigiendo el pago de supuestas deudas pendientes a la compañía eléctrica de cada establecimiento. Los dos, de nacionalidad española, han ingresado en la prisión, acusados de los delitos de estafa continuada y pertenencia a grupo criminal, y se les investiga por 50 estafas telefónicas cometidas los últimos meses.
La investigación se inició después de que la policía catalana tuviera conocimiento de dos llamadas fraudulentas en dos restaurantes de Sitges (Garraf). Los ladrones contactaron con los locales desde un mismo número de teléfono, y en ambos casos se hicieron pasar por los trabajadores de una compañía eléctrica a la cual las víctimas debían, supuestamente, 3.000 euros que los delincuentes aseguraban que no habían abonado. Los propietarios de los dos establecimientos hicieron sendas denuncias, a raíz de las cuales los investigadores pudieron detectar más estafas de esta índole cometidas por todo el territorio catalán y, según todos los indicios, por las mismas personas.
Ventrílocuo reconvertido en ladrón
Después de varios meses de investigación, los Mossos pudieron identificar a los autores de estas llamadas, localizándolos en dos pisos de Barcelona y Badalona. El juzgado número 1 de Vilanova i la Geltrú emitió una orden de entrada y registro para los dos domicilios, donde los agentes pudieron detener a los ladrones. Durante las interrogaciones, detectaron que uno de ellos era un ventrílocuo; esta persona era la única que hablaba con las víctimas, modificando la voz y haciéndose pasar por varios trabajadores de las empresas eléctricas, incluso mujeres, para confundir a los restauradores. Este hombre acumulaba ya 16 antecedentes policiales, y había ingresado en la prisión los años 2011 y 2014 por hechos similares.
El otro hombre detenido era la persona encargada de extraer el dinero de las cajas registradoras, así como de encontrar testaferros que hicieran de destinatarios del dinero. Durante los registros de los domicilios recuperaron los teléfonos móviles que utilizaban para cometer las estafas, así como más de 14.000 euros en efectivo. Los investigadores calculan que con las 50 llamadas fraudulentas los assrestados se han hecho con un botín de 182.000 euros solo en unos meses.