Objetivo: limpiar. Los Mossos d'Esquadra se han propuesto limpiar de delincuentes la Pineda, la zona entre Vila-seca y Salou, en el Camp de Tarragona, donde han proliferado bares que, en los últimos años, han actuado como si esta fuera una zona sin ley, al estilo del Far West. Los Mossos d'Esquadra quieren revertir esta sensación de impunidad y desplegaron, el viernes por la noche, un amplio dispositivo policial con equipos de orden público de la ARRO para inspeccionar uno de los bares que los agentes de paisano de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Salou-Vila-seca habían señalado como conflictivo. Y no fallaron. El responsable del bar, un hombre de nacionalidad albanesa, fue detenido, se intervinieron diversas drogas y la Unidad Regional de Policía Administrativa, junto con la Guardia Civil, levantaron una veintena de actas por infracciones administrativas en el local que podrían sumar, si se ejecutan todas, hasta 30.000 euros.
Alrededor de las ocho de la tarde, cuando se puso el sol, los agentes de la policía irrumpieron en el local, donde se identificó a un total de 22 personas, la mayoría con antecedentes y, en gran parte, también de nacionalidad albanesa, como el propietario del local. El responsable del local, un hombre de 50 años, fue detenido al encontrarle cinco envoltorios termo-sellados con cocaína y 600 euros en billetes fraccionados, motivo por el cual se le acusa de tráfico de drogas. Además, el detenido fue denunciado por permitir el consumo de drogas dentro de su establecimiento.
Veinte denuncias administrativas al local
El dispositivo también terminó con dos personas denunciadas por tenencia de sustancias estupefacientes. Paralelamente, la Unidad Regional de Policía Administrativa formalizó ocho denuncias administrativas por diversas irregularidades, como la falta de licencia, seguro obligatorio, y la ausencia de carteles de información e iluminación de emergencia. La Guardia Civil, por su parte, sumó doce denuncias más por infracciones relacionadas con Sanidad, Consumo, Agencia Tributaria, contrabando de tabaco y alcohol, así como vulneraciones de la Ley de Protección de Datos. Según ha podido contabilizar ElCaso.com, si todas las infracciones administrativas son tramitadas y las sanciones se acaban imponiendo, las multas podrían superar los 30.000 euros.