La suerte —prácticamente desde el uno de mayo de 2017— no sopla a favor de Rosa Peral, la mujer, exagente de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que mató a su pareja, Pedro Rodríguez, de la mano de su amante y compañero de trabajo Albert López. El caso, conocido como el crimen de la Guàrdia Urbana, ha vuelto a situarse en el ojo del huracán en los últimos días después del estreno en Netflix de la serie El cuerpo en llamas, que narra, con un poco de ficción, acción y sexo, este asesinato. El cadáver de Rodríguez apareció calcinado en el pantano de Foix, en el Penedès, y seguidamente Peral y López fueron arrestados, acusados del crimen. Desde entonces están en prisión. Primero, de manera preventiva, y ahora ya con condena firme. Peral tiene que cumplir 25 años y López, 20.
Con el anuncio de que Netflix estrenaría esta nueva serie sobre el caso, Rosa Peral intentó, mediante su abogada, Núria González —con errores de forma incluidos— detener la emisión de la producción. Intentó ver la serie antes, y, después, evitar su estreno con una demanda por el derecho al honor. Un juzgado de Barcelona y un juzgado de Vilanova i la Geltrú, partido judicial donde vivía Peral antes de ser detenida, se opusieron y la serie —como todo el mundo sabe, y todo el mundo ha visto— ya se ha estrenado.
Más problemas para Rosa Peral
Pero ahora, aunque parezca imposible, Rosa Peral tiene aún más problemas. La defensa de la víctima ha denunciado a los dos condenados con el fin de poder cobrar los beneficios que estos pudieran llegar a percibir por los libros, las series y los documentales que se generen sobre el crimen de la Guàrdia Urbana. La Audiencia de Barcelona ha aceptado la solicitud y ha ordenado embargar las posibles cantidades económicas que cobren los dos exagentes de la Guardia Urbana.
El tribunal recuerda que, además de los años de prisión, Peral y López fueron también condenados a pagar una indemnización de 885.000 euros a la familia de Rodríguez. Sin embargo, mientras López tiene su piso embargado, Peral solamente pagó 1.175 euros. De hecho, el abogado de la acusación recuerda que la asesina cambió el nombre del 50% de la propiedad de la casa de Vilanova y la Geltrú donde se cometió el crimen para ponerla a nombre de su padre y así declararse insolvente a la hora de pagar la indemnización.
Por este motivo, ante la posibilidad de obtener beneficios de los libros, series y documentales que se publican sobre el crimen, la Audiencia de Barcelona ha ordenado el embargo de los posibles cobros. Así pues, ha pedido a las productoras de la serie y el documental de Netflix que remitan a la cuenta bancaria judicial el dinero que debería pagar a los dos condenados y que comuniquen si ya han pagado alguna cantidad.
Hoy por hoy, sin embargo, y siempre según la versión de la defensa de Peral, que asegura que su cliente está en números rojos y que no ha cobrado nada más que unos 200 euros al mes para ayudar en la consigna de la prisión, Peral y López nunca han visto ni un euro por toda la literatura y ficción que se ha hecho sobre ambos. La abogada de Peral cree que esta demanda les servirá para demostrar este extremo, y que nunca han obtenido beneficios de la serie.
Más producciones sobre el crimen
El cuerpo en llamas no será la última producción que se hará sobre este crimen. La productora de Barcelona Brutal Media está preparando un nuevo formado, del que aún se desconocen los detalles, pero que profundizará en la figura de Rosa Peral, en una estrategia para blanquear la figura de la asesina de la Guàrdia Urbana.