Albert Grabalosa está viviendo una auténtica pesadilla. Hace un año, este vecino de Ribes de Freser, en el Ripollès (Girona), le alquiló la casa a un conocido del pueblo con quien había sido compañero de trabajo. Aprovechando que Albert tenía que estar unas semanas durmiendo en un local de la familia por culpa de unas obras, el hombre le había preguntado si él y su familia se podían quedar en su casa entre dos y tres meses a la espera de que les adjudicaran un piso de protección oficial. Una vez pasó el tiempo acordado, en el cual estuvieron pagando correctamente, la situación dio un giro radical y dejaron de pagar el alquiler. Desde entonces, no se han marchado y siguen sin pagar nada. Y eso que les comunicó, a través de la manera acordada, que no tenía previsto renovarles el alquiler. "En el contrato ya decía que, al cabo de seis meses, tenía derecho a decir si continuábamos o no y le envié un burofax dos meses antes para decirselo", observación.
Desde entonces, la cosa ha ido de mal en peor. No solo se la han ocupado y le han dejado de pagar las cuotas del alquiler, sino que además tampoco pagan los suministros. Eso ha comportado que Albert acumule una deuda de 7.000 euros, ya que como solo tenían que ser tres meses no hizo el cambio de nombre. "Me pasan facturas de 300 euros por los calefactores enchufados, es un gasto terrible", se queja. Con su pensión de 600 euros al mes le es imposible hacer frente a las facturas, cosa por la cual ya les han cortado el gas y está previsto que el próximo mes también les corten la luz.
Como tienen un hijo menor, son considerados vulnerables
Albert, que durante todo este tiempo ha estado viviendo en el local de la familia, denunció los hechos y la justicia ordenó el desahucio del piso el jueves de la semana pasada. No obstante, se acabó suspendiendo, ya que, según detalla el Ayuntamiento de Ribes de Freser, se trata de una familia vulnerable porque vive allí un menor. En este sentido, la alcaldesa del municipio, Mònica Sanjaume, afirma tener "las manos atadas" porque es competencia de los juzgados y Servicios Sociales. Actualmente, el consistorio solo dispone de una vivienda de emergencia social que no tienen disponible en estos momentos porque ya se está utilizando.
Por su parte, Albert ha decidido acampar delante del Ayuntamiento, donde lleva desde el pasado lunes con una tienda precaria que se sostiene con troncos, una mesa, una silla y una hoja para recoger firmas de apoyo. "Un 10% del pueblo ya ha firmado", explica, añadiendo que algunos vecinos de la zona le han llevado mantas y comida como muestra de solidaridad. "Quiero que me vuelvan mi casa o los denunciaré también", señala, al mismo tiempo que reclama rapidez a los Servicios Sociales del Consorcio de Bienestar Social del Ripollès, que es quien lleva el caso y con quien ya ha mantenido una reunión este miércoles, para recuperar su casa.
