Jordi Riera, el vecino de Girona a quien unos ocupas habían echado de su casa, tal como adelantó ElCaso.com, ha conseguido recuperar el inmueble. Así lo ha anunciado él mismo después de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Girona le diera la razón la semana pasada y este miércoles tuviera lugar el desalojo. La sentencia ha avalado este "desalojo exprés" al considerar que la familia de Jordi Riera era la propietaria legítima de la vivienda, mientras que los ocupas no tenían ningún derecho. Por este motivo, se les ha echado y se les obliga a pagar una multa económica acusados de un delito de usurpación.
La policía los echó para dejar entrar a los ocupas
La pesadilla de Jordi Riera y su familia empezó a principios de enero. Habían tenido que tener la vivienda vacía durante meses esperando que el Ayuntamiento les otorgara una licencia de obras por hacer reformas, pero cuando se presentaron en la vivienda para iniciar los trabajos descubrieron que lo habían ocupado. Cuando llegaron no había nadie en el interior, pero cuando estaban revisando el estado de la casa llegó el grupo de personas que vivía allí. Los ocupas empezaron a amenazar los propietarios, que se vieron obligados a llamar al 112.
Efectivos de la Policía Municipal de Girona se presentaron en el domicilio y permitió la entrada de los ocupantes, echando a los legítimos propietarios. De hecho, los agentes les informaron de que tenían las de perder por "allanamiento de morada", la suya propia, y que podrían incluso ser detenidos. Todo porque los ocupas tenían un vídeo donde se les podía ver cocinando con unas ollas dentro de la vivienda, cosa que, aunque no había ningún contrato, demostraba que vivían allí. Desde entonces, la familia ha tenido que vivir una serie de trabas burocráticas y administrativas que han acabado con el juez dándoles la razón y devolviéndoles el domicilio.
Los propietarios reclaman cambios en la ley
Jordi Riera ha calificado el proceso como "duro y desgastante" y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas durante todas estas semanas. Al mismo tiempo, ha reclamado un cambio a la ley para que se permita un "procedimiento exprés" para determinar la propiedad de la vivienda y "actuar en consecuencia". "No puede ser que casos tan claros supongan meses de lucha y costes para los legítimos propietarios", ha considerado, destacando que esta situación "hace subir el precio de la vivienda y del alquiler, y reduce la oferta porque cada vez más personas tienen miedo de invertir en vivienda". También reclama revisar los protocolos para que, como le pasó a su familia, la actuación policial no favorezca los ocupas. Finalmente, cree que "tampoco se puede normalizar tener que acceder a soluciones ilegales o para legales amparadas en la violencia".