Novedades en el caso de los dos hombres investigados por su supuesta relación con la urbanización ilegal construida en un terreno agrícola Cinc Sénies-Mata-Valldeix, en la carretera de la Mata a Mataró, en Barcelona. La policía catalana investiga a ambos hermanos, de origen magrebí, por haber obtenido más de un millón de euros en beneficios a través del alquiler de parcelas y otras actividades irregulares. Las pesquisas, que han sido lideradas por la Divisió de Medi Ambient y el Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, empezaron en junio de 2024 después de que el Ayuntamiento de Mataró denunciara los hechos a la Fiscalía de Medi Ambient. Aun así, las primeras denuncias que ha registrado la policía catalana son de octubre de 2021, cuando ya había sospecha de que los dos investigados, residentes en el municipio, habían alquilado unos terrenos agrícolas a la sociedad inmobiliaria La Llave de Oro para destinarlos a un uso no permitido.
El contrato de alquiler no permitía ningún tipo de construcción, ya que se trata de terrenos agrícolas, es decir: el suelo no es urbanizable ni cuenta con ningún plan aprobado. A pesar de ello, ambos hermanos, que montaron la empresa Nayla, iniciaron la creación de una urbanización ilegal con construcciones permanentes, módulos prefabricados, caravanas y contenedores habilitados como vivienda. Según los informes técnicos, incluso se talaron árboles y se hicieron movimientos de tierra para adecuar las parcelas sin ningún tipo de permiso ni control urbanístico. Además, las conexiones a la red eléctrica y de agua también eran fraudulentas, lo que suponía un riesgo grave para la seguridad de las personas y el medio ambiente, especialmente por el peligro de incendio forestal en la zona.
Un millón de euros y 100 personas empadronadas
La urbanización ilegal ocupaba unas 15 hectáreas divididas en 161 subparcelas, todas de uso agrícola, y contaba con 12 parcelas catastrales principales. Según los datos municipales, más de 100 personas estaban empadronadas en agosto de 2025, aunque todavía había nuevas solicitudes pendientes de resolver. Los investigados alquilaban estos espacios a terceras personas por un precio medio de 300 euros al mes, e incluso ofrecían algunas parcelas para fiestas privadas y eventos, publicitándolas como espacios recreativos. Con esta actividad, habrían obtenido beneficios que superan el millón de euros, según las primeras estimaciones de los Mossos d'Esquadra.
Los beneficios se reinvertían en el mismo proyecto, con la compra de nuevos módulos prefabricados y la ampliación del asentamiento. Por estos hechos, los dos hermanos están investigados por delitos urbanísticos contra el medio ambiente, defraudación eléctrica y blanqueo de capitales. El pasado 13 de octubre, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Mataró, se llevó a cabo un operativo policial que culminó con el desmantelamiento del asentamiento y el decomiso preventivo de dinero, documentación y otros bienes vinculados a los sospechosos. Durante el registro, también se identificaron otros colaboradores que podrían estar implicados en la trama.
Desalojo en septiembre
El pasado 22 de septiembre, más de 300 agentes de los Mossos d'Esquadra, la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Nacional participaron en el desalojo de la urbanización ilegal de la carretera de la Mata. Según informó ElCaso.com, aquel día se intervino sobre una zona ocupada por más de 160 parcelas irregulares, con caravanas, chabolas, módulos e incluso piscinas, todas construidas sin ningún permiso ni medida de seguridad. Los terrenos, propiedad de La Llave de Oro, se habían convertido en un auténtico núcleo residencial ilegal con unas 300 personas en su interior.
Después del desalojo, la Policía Local de Mataró inició una vigilancia permanente las 24 horas para evitar que se repitan los hechos. De hecho, solo se permite el acceso con cita previa y escolta policial para recoger pertenencias personales. Los agentes, sin embargo, han tenido que intervenir en diversas ocasiones para evitar la reocupación del recinto. El último episodio se produjo el pasado 11 de octubre, cuando los agentes impidieron que cuatro individuos entraran para instalarse nuevamente.