Una macrofiesta ilegal de estilo rave, bautizada por sus promotores como “Big Fucking Party”, ha acabado con más de sesenta personas detenidas, varios agentes heridos, cientos de denuncias administrativas y un enorme despliegue policial de la Guardia Civil en Albacete para poner punto y final a la fiesta. El evento se ha celebrado entre el 31 de diciembre de 2025 y el 7 de enero de 2026 en las inmediaciones del embalse del Cenajo, dentro del término municipal de Férez, en un espacio protegido e inundable declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Todo arrancó la noche de Fin de Año, cuando una multitudinaria caravana de vehículos, formada por camiones, furgonetas, autocaravanas y vehículos camper, intentó instalar la fiesta en diferentes puntos de la comarca. Durante la madrugada del 31 de diciembre, en las inmediaciones de la pedanía de Cordovilla, se produjeron altercados graves contra agentes de la Guardia Civil cuando los organizadores y parte de los asistentes probaron de acceder a la zona. Estos incidentes acabaron con varios agentes heridos y 20 personas detenidas por su participación directa en los disturbios.
Una fiesta ilegal en un espacio protegido
A pesar de la intervención policial, el macroevento llegó a concentrar unos 2.000 vehículos y cerca de 3.500 personas, llegadas de diferentes puntos del Estado y de Europa, principalmente de Francia, Alemania, Dinamarca y el Reino Unido. La fiesta no tenía ninguna autorización ni medidas mínimas de seguridad: sin servicios médicos, sin lavabos, sin limpieza, sin vigilancia privada y sin ningún plan de emergencias ni evacuación. La ubicación escogida agravaba aún más la situación: un terreno inestable, inundable y con un alto valor ambiental, con un impacto directo sobre la flora y la fauna protegidas del Cenajo.
Con el paso de los días, la investigación permitió identificar a los responsables logísticos del macroevento. La Guardia Civil detuvo a 38 personas más por su participación directa en la organización de la fiesta ilegal y a cinco personas adicionales por delitos contra la salud pública por tráfico de drogas o por tener órdenes judiciales de detención vigentes. También se intervinieron dieciséis vehículos pesados —camiones y furgonetas— cargados con equipos de sonido, generadores y material necesario para montar la infraestructura de la rave, que han quedado a disposición judicial.
Alcohol, drogas y cientos de denuncias
El consumo masivo de alcohol y drogas obligó a desplegar controles intensivos de tráfico en carreteras y caminos rurales de la zona. El balance es contundente: 287 conductores dieron positivo en alcohol o drogas, evitándose así que salieran a la carretera en condiciones extremadamente peligrosas. Además, se han levantado 731 actas denuncia por infracciones administrativas diversas, como tenencia de drogas, armas prohibidas, infracciones de seguridad vial, protección del medio ambiente y normativa sobre animales de compañía.
Para controlar la situación, la Guardia Civil desplegó unos 300 efectivos, con unidades llegadas de diversas comandancias del Estado, grupos antidisturbios, unidades caninas, drones, helicópteros e incluso una oficina móvil de atención ciudadana. El dispositivo permitió cerrar el acceso al espacio natural, reducir la afluencia y evitar que la fiesta alcanzara la magnitud de otras ediciones anteriores y poder desmontarla, según ha explicado la policía en una nota de prensa.
