El Ayuntamiento de Lloret de Mar ha decidido actuar con mano dura para poner fin a la proliferación de empadronamientos ilegales en el municipio que se ha detectado en los últimos meses. Desde finales de 2024, se han detectado varios casos de falsificación documental relacionados con contratos de alquiler y autorizaciones de propietarios de inmuebles que tenían como objetivo inscribirse de forma fraudulenta al Padrón de Habitantes. Incluso, se ha llegado a detectar lo que se conoce como "venta del padrón", en qué algunos propietarios o inquilinos permiten empadronar personas que no residen realmente en la vivienda a cambio de dinero.
Se han abierto 35 expedientes por empadronamientos ilegales
A raíz de estos casos, desde principios de año el Ayuntamiento está trabajando en un plan de actuación para hacer frente a los empadronamientos ilegales con reuniones periódicas por parte del concejal responsable de la Oficina de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC), Frederic Guich, la responsable del servicio y el Jefe de Extranjería de la Comisaría de la Policía Nacional de Lloret para analizar la problemática y coordinar actuaciones conjuntas. En este sentido, se ha establecido un procedimiento de coordinación entre las autoridades municipales y los diferentes cuerpos policiales y de seguridad, gracias al cual se han podido abrir hasta 35 expedientes relacionados con estos casos. Estos expedientes permiten abrir diligencias a la Policía Local que después se derivan al Juzgado de Instrucción.
El concejal del OIAC, Frederic Guich, ha apuntado que "estas actuaciones constituyen infracciones graves tanto en el ámbito administrativo como penal, ya que pueden incluir delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal". Por su parte, el alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, ha señalado que "la veracidad de este registro es fundamental para garantizar la correcta planificación de los servicios públicos y la igualdad de oportunidades entre todos los vecinos y vecinas", ya que estar empadronado da acceso a trámites de extranjería, servicios sociales, prestaciones de salud, vivienda, escolarización y procesos como el arraigo o el reagrupamiento familiar.