Intentar evitar una multa les ha costado a tres hombres una detención por robo con fuerza en domicilio, tenencia de armas, receptación y soborno. Y es que los tres arrestados, de 28, 35 y 52 años y originarios de Georgia, probaron comprar a los agentes de los Mossos d'Esquadra que el pasado martes 24 de octubre los pararon en un control de la AP-7, a la altura de Martorell (Barcelona). Lo que posiblemente habría quedado en una sanción por exceso de velocidad reveló que los tres ocupantes del coche eran, en realidad, ladrones que venían a Catalunya cargados de joyas y dinero que habían extraído de domicilios en Galicia.

Intentaron sobornar a los agentes con el botín

Agentes de tráfico que realizaban un control en la AP-7 identificaron un coche que circulaba muy por encima de la velocidad permitida en aquel tramo de la autovía. Siguieron el vehículo, ocupado por tres hombres, y lo pararon justo cuando llegaban a la A-2. Con el fin de evitar una multa, el conductor les ofreció pagarles una cantidad muy elevada de dinero, lo que puso en alerta a los agentes. Después de hacer las comprobaciones pertinentes, averiguaron que se trataba de un grupo de ladrones de gran movilidad, y decidieron registrar el coche.

Efectivamente, entre sus pertenencias aparecieron varios relojes de alta gama, joyas de oro y 46.000 euros en efectivo repartidos en billetes de 100 y 50. Además, en un compartimento escondido entre el motor, encontraron una bolsa que escondía una pistola. Como veían que los habían pillado, los ladrones intentaron sobornar de nuevo a los Mossos, ofreciéndoles las joyas que les acababan de quitar a cambio de dejarlos ir sin detenerlos.

Habían asaltado varios domicilios en Galicia

Los agentes hicieron caso omiso de los sobornos, y detuvieron a los tres hombres. Después de llevarlos a comisaría, se enteraron de que el grupo venía de Galicia, donde habían entrado en varios domicilios; las joyas y el dinero requisado provenían de estas incursiones, concretamente en Vigo y A Coruña.

Además, los tres se encuentran en situación irregular en el estado español, con un expediente de expulsión cada uno. Después de dejarlos en manos de la Policía Nacional, el cuerpo encargado de los delitos relacionados con la inmigración, los detenidos pasaron a disposición judicial.