Un macabro asesinato golpea la ciudad de La Paz, en Bolivia. Una mujer de 64 años y su hija de 22 permanecían desaparecidas desde hacía cinco días y fueron halladas sin vida este jueves en el municipio de Viacha, a 47 kilómetros de la metrópoli donde está situada la sede del gobierno boliviano. El crimen, según ha explicado el ministro de Gobierno del país, Eduardo del Castillo, se produjo en el contexto de un piso de alquiler. De hecho, el supuesto responsable de las muertes de la sexagenaria y la joven es el arrendatario de una propiedad en la que también habitaban las víctimas, a las que debía unos 51.000 dólares por el uso de la vivienda.
Pero el arrendatario no habría actuado solo. Del Castillo ha aseverado que durante la planificación para matar a la dueña de la vivienda, iniciada en octubre del año pasado, se contó con terceras personas para que el crimen resultara un relativo éxito. Así, en ese mismo mes contactó con un albañil y el hermano de este para que los ayudaran a acabar con la vida de la mujer de 64 años y la joven de 22. Les ofreció 3.500 dólares para que colaboraran con él y le ayudaran a asesinar, primero a la propietaria y después a su hija. La deuda que había contraído con la víctima no solo era por el uso y disfrute del domicilio, sino que también se trata de averiguar si tenía otro tipo de compromiso con la sexagenaria, que era prestamista de dinero y se dedicaba a la compra y venta de inmuebles.
La causa de la muerte: asfixia mecánica por estrangulamiento
La causa de la muerte de ambas, según ha explicado el ministro de Gobierno de Bolivia, es "una asfixia mecánica por estrangulamiento". Después de ello, por motivos que todavía se desconocen, fueron trasladadas hasta el municipio de Viacha, a 47 kilómetros de La Paz, y las enterraron. Allí fue donde aparecieron los cuerpos, pese a que los hechos sucedieron, tal y como han establecido los investigadores, en la ciudad boliviana donde se ubica la sede gubernamental. Asimismo, se interrogó a la pareja de una de las mujeres ante la posibilidad de que se tratara de un feminicidio, algo que quedó descartado, ha informado del Castillo.
El tipo penal que se aplica al caso es el de "asesinato", por lo que desde el gobierno boliviano instan a que se aplique la pena máxima en Bolivia, de 30 años de prisión para los tres acusados, el arrendatario, el albañil y el hermano de este último. "La justicia boliviana tiene todos y cada uno de los elementos para que ningún fiscal o juez se atreva a liberar a estos asesinos", ha sentenciado el ministro en su comunicado de este jueves.