Un operativo policial conjunto de la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policía Nacional española y la Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya se ha saldado con el decomiso de más 2.3000 vapers ilegales y tóxicos que han encontrado en 29 establecimientos de varios distritos de la capital catalana durante una serie de entradas y registros en el marco de este macrodispositivo que ha consolidado la guerra abierta contra los cigarrillos electrónicos falsificados.
La denuncia de la sociedad mercantil que representa a algunas de las marcas de vapers más conocidas mundialmente arrancó la investigación en la que han participado agentes del Grupo 43 de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de la Policía Judicial, del Grupo VI de UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, la Unidad de Investigación y las Unidades Territoriales de varios distritos de la Guàrdia Urbana de Barcelona e Inspectores y Subinspectores de Trabajo. También se ha contado con la colaboración de peritos especializados de las marcas afectadas.
Los vapers falsificados superaban los límites toxicológicos permitidos por ley
El material decomisado ha sido analizado minuciosamente por los peritos, quienes detectaron que la mayoría de los cigarrillos electrónicos superaban con creces los niveles de toxicidad permitidos por la legislación sanitaria. El máximo permitido por la ley es de dos mililitros por depósito de líquido y sitúa el número de caladas en 1.000.
Aparte de los vapers decomisados, se han identificado 57 trabajadores, doce de ellos sin tener la documentación legal de extranjería ni de trabajo; por todo eso, se han levantado actas de sanción por los delitos contra la propiedad industrial y en materia de extranjería y de inspección de trabajo.