Los vecinos de Les Planes d'Hostoles y Sant Aniol de Finestres han dicho basta. Desde hace más de quince años, un vecino de 29 años de la zona, cuya nacionalidad no ha trascendido, hace la vida imposible al vecindario de las dos poblaciones de Girona, hasta el punto que los alcaldes de las dos poblaciones han contratado a una abogada para intentar frenar las actitudes del hombre.
Concretamente, se trata de un individuo con problemas psicológicos derivados del consumo de drogas desde hace años. El joven ha sido detenido en más de una ocasión por hechos delictivos de todo tipo: agredir al personal que trabaja en los ayuntamientos, herir ganado, estropear el mobiliario urbano, amenazar y agredir a los vecinos y provocar varios incendios, el último en el garaje de una propiedad privada de Les Planes d'Hostoles la semana pasada.
La actitud de este hombre ha provocado que los vecinos de la población vivan en una situación de miedo y con sensación de vulnerabilidad, al ver que cada vez que los Mossos d'Esquadra lo detienen al cabo de pocos días ya vuelve a estar en la calle, quedando impune de todos sus actos.
Una única abogada para los dos municipios con la finalidad de unir fuerzas
Los alcaldes de los dos municipios han hecho unas declaraciones conjuntas donde han informado a la población de la contratación de una abogada penalista para que defienda todas las causas contra esta persona. Francesc Oliveres, el alcalde de Sant Aniol de Finestres, ha asegurado que la situación actual es una "pérdida de tiempo", ya que los hechos delictivos que comete el hombre, por separado, no son causas penales y el juez "decreta el ingreso al Centro Penitenciario de Salt, en Girona, de donde sale al cabo de pocos días".
Por su parte, Marc Puig, alcalde de Les Planes d'Hostoles, muestra preocupación al ver cómo "hay un grupo de profesionales que hacen seguimiento de este chico" pero no realizan ningún tipo de acción correctiva hacia él, y se lamenta de que "haya personas mayores y niños que no salgan a la calle por miedo", además la situación provoca que los vecinos no estén tranquilos y tengan que estar todo el rato pendientes de si llega el joven para avisarse los unos a los otros.
La estrategia de contratar a una abogada conjunta nace con la intención de personarse como acusación popular y de agrupar los casos para que existan más probabilidades de que el individuo ingrese en la prisión. Además, los alcaldes piden a la Fiscalía que solicite el ingreso del acusado al módulo de psiquiatría de la prisión del Puig de les Basses de Figueres (Girona).