El exfutbolista del Barça Dani Alves ya tiene fecha de juicio por la agresión sexual en la discoteca Sutton de Barcelona, el 30 de diciembre de 2022. La sección 21 de la Audiencia de Barcelona celebrará la vista los días 5,6 y 7 de febrero que viene, segun ha anunciado el TSJC este miércoles. Alves está en prisión provisional desde el 20 de enero pasado, cuando volvió a Catalunya y se presentó ante los Mossos de Esquadra en conocer la denuncia de la chica.
La víctima de la agresión pide para el futbolista brasileño 12 años de prisión -la pena máximaen este delito- y la Fiscalía, 9 años de prisión. Ambas acusaciones reclaman que indemnice a la denunciante con 150.000 euros por las secuelas físicas y psíquicas y los perjuicios morales sufridos. Esta cantidad ya fue exigida por la jueza de instrucción al futbolista como fianza, y está dipositada en el juzgado.
Además de la pena de prisión, la abogada de la chica, Ester Garcia, acusa Alves del delito de lesiones físicas y psíquicas, por el cual le pide que pague una multa de 13.500 euros.
Absolución
Precisamente, esta semana, la defensa de Alves, ejercida por la abogada Ines Guardiola, ha presentado el escrito de defensa, en el cual pide su absolución al asegurar que tiene pruebas que la relación sexual fue consentida. La chica afirma todo lo contrario.
Por ahora, no ha trascendit la petición alternativa de la defensa, en la cual seguramente plantea una rebaja sustancial de la pena de prisión, y que se le aplique una atenuante de reparación del daño puesto que ha depositado al juzgado la fianza exigida y ha pedido varias veces que se le entregue ya a la chica, acción hasta ahora rechazada.
A raíz de este caso, el club de fútbol Pumas de México, donde jugaba Alves, le rescindió el contrato, y el jugador no ha conseguido la libertad provisional que ha reclamado hasta tres veces. El riesgo de fuga se mantiene por su capacidad económica, según los tribunales.
Protección de la víctima
Fijada la fecha del juicio, habrá que ver si el tribunal de la Audiencia de Barcelona dicta alguna medida excepcional para que no se difunda la identidad de la víctima, como se ha hecho en otras ocasiones.