Conocido por la policía por su oscuro pasado en València, donde fue detenido —y posteriormente absuelto—, Teófilo L. M., el electricista de 45 años y nacionalidad española, se instaló en Barcelona, donde perfeccionó la estrategia que había desarrollado en el País Valencià para poner en marcha la trama de pedofilia que ya ha permitido imputar a una quincena de personas y que lo mantiene a él en prisión. Desde al menos 2016, se tiene constancia de que actuaba en la capital catalana engañando a menores de edad, chicos y chicas, en redes sociales para venderlos a hombres, desde aplicaciones de citas legales, que abusaban de ellos.
Además, según consta en la instrucción que lleva el juzgado 7 de Barcelona, el hombre también había instalado cámaras en el piso para grabar las agresiones sexuales, que luego compartía en canales de la web profunda a cambio de dinero. Uno de los escándalos más graves de agresiones sexuales a menores, con derivadas también políticas por la implicación en la trama de menores que, supuestamente, debían estar bajo la protección de la DGAIA, es decir, de la Generalitat de Catalunya como menores tutelados.
Pero, ¿quién es este hombre?
Teófilo L. M. es, para los Mossos d'Esquadra que lo investigaron desde la Unidad Central de Cibercrimen, un “agresor sexual poliédrico”. Este hecho ha complicado la investigación. Él se encargaba de captar a los menores de edad —algunos tutelados por la DGAIA y en situación de vulnerabilidad, pero también jóvenes sin riesgo de exclusión— y también de localizar a hombres que quisieran agredirlos sexualmente, asistiendo a encuentros sexuales que él mismo organizaba. Además, producía las grabaciones de las agresiones sexuales y las ponía a la venta en canales de vídeos prohibidos en Internet, distribuyéndolos por todo el mundo, también a cambio de dinero. La estrategia de este depredador, que contactaba con decenas de personas, menores y mayores de edad, despista a los Mossos y complica el trabajo de investigación de los analistas en cibercrimen. Encuentran, al entrar en su casa, en la calle Unió, en el centro de Barcelona, más de 2.000 conversaciones que, tras analizarlas, los investigadores llegan a perder la cuenta y deben centrarse directamente en las grabaciones que pueden intervenir y donde, supuestamente, aparecen agrediendo a menores de edad —unas 250 agresiones sexuales en 250 clips de vídeo diferenciados. Los Mossos aseguran que era un hombre frío, según las conversaciones encontradas posteriores a las agresiones, por cómo se refería a los menores y también a las prácticas que había mantenido con los chicos. Asimismo, también encontraron que ofrecía drogas y dinero a los menores a cambio de que aceptaran —coaccionados— participar en agresiones sexuales en grupo, que también eran grabadas.
Y el trabajo de los Mossos también se complica a la hora de identificar a los menores que aparecen en las imágenes. Saben que hay decenas de jóvenes agredidos, pero no hay ninguna denuncia —más allá de la primera chica, que fue captada con 12 años, cuando estaba bajo la tutela de la DGAIA, en un centro de L'Hospitalet de Llobregat, de donde se escapaba para encontrarse con este hombre—, pero no saben quiénes son. Algunas de las agresiones, incluso, no se pueden encontrar en imágenes y deben reconstruirse a partir de las conversaciones que el principal investigado —que sigue en prisión— mantenía por mensajes con los otros implicados. Su pasado en València, donde había participado en agresiones sexuales a menores en un local, con chicos de 15, 16 y 17 años, y también la detención de 2022, que permitió obtener todo el material que en 2024 destapó este escándalo, ha sido clave para los Mossos.
Cámaras ocultas y escenas BDSM
Los agentes encontraron que el piso donde se grababan estas prácticas sexuales ilegales —los Mossos insisten en que no se trata de pornografía infantil; un término que no existe. Es abuso a menores. La pornografía solo puede ser con mayores de edad. Con menores es un delito— estaba preparado como un estudio televisivo, con cámaras, algunas ocultas, y donde los participantes, incluso, aparecían con la cara descubierta. Entre las más de 200 agresiones sexuales grabadas con menores de edad, muchos de ellos niños, también hay prácticas agresivas o violentas, que podrían enmarcarse en el BDSM. En los centenares de archivos intervenidos se puede ver a las criaturas atadas y en posiciones degradantes, según consta en el escrito de la Fiscalía, que pide 107 años de prisión para Teófilo L. M. por la primera causa que llegará a juicio, por las agresiones de él y otros hombres a la menor tutelada por la DGAIA.