Agentes de los Mossos d'Esquadra han liberado este viernes en Deltebre a un perro que alguien había encerrado en una jaula para conejos, demasiado pequeña para que el animal pudiera moverse en ella, entre montañas de sus propios excrementos, sin comida y solo con un cuenco de agua sucia. El perro ha sido entregado a una asociación especializada en recuperar animales maltratados, mientras su propietario ha sido denunciado por un delito de maltrato animal.
El animal malvivía en condiciones deplorables
Después de recibir una llamada de uno de los vecinos de la zona, que informaba sobre un posible caso de maltrato de un perro en una finca agrícola de la comarca del Baix Ebre, en Tarragona, agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de la policía catalana se han desplazado hasta la zona, y han encontrado al perrito atrapado en una jaula, sin comida y en condiciones del todo insalubres, famélico y posiblemente enfermo. Después de rescatarlo, los policías han llevado al animal a un centro veterinario para examinarlo, y, posteriormente, ha quedado en manos de una protectora que se encarga de acoger mascotas en que han sido víctimas de maltratos.
El propietario del perro, que se encontraba en la finca en el momento de la llegada de los agentes, ha sido denunciado, y los Mossos d'Esquadra han abierto un expediente por un posible caso de maltrato animal. Los investigadores tendrán que determinar las circunstancias exactas en las que vivía el perro, y las razones que habrían motivado a su dueño a tenerlo en unas condiciones tan inhumanas.
Ley de bienestar animal
Este caso se ha descubierto solo una semana que entrara en vigor la nueva ley de bienestar animal, que sanciona con hasta 10.000 euros a los propietarios de animales domésticos que dejen solo durante 24 horas a su perro, o a un gato tres días sin que nadie vaya a verlo. Además, la nueva normativa contempla un endurecimiento de las multas por abandono, que pueden llegar a los 50.000 euros; y, en los casos más graves en los que el animal acabe muriendo, los responsables tendrán que pagar hasta 200.000 euros.