Los incidentes en la prisión de Lledoners no se detienen. Si la semana pasada una quincena de reclusos intentaron provocar un motín a raíz de la agresión de un interno a dos funcionarios, ahora ha sido este mismo interno que lo originó todo el que ha vuelto a actuar. En esta ocasión, volvió a agredir a otro funcionario e intentó incendiar una de las celdas del Departamento de Régimen Cerrado, donde había sido trasladado después del primer incidente grave.
Los hechos, según detalla Regió7, ocurrieron el pasado martes, hacia las cinco de la madrugada, cuándo dos funcionarios vieron que salía humo de la celda donde estaba cerrado este recluso, con antecedentes violentos y problemas de salud mental. Al aproximarse para ver que estaba pasando, observaron que el hombre había prendido fuego a unos papeles con un mechero con la intención de provocar un incendio. Rápidamente, abrieron la puerta y entraron a socorrerlo, pero el interno fue contra ellos para atacarlos. Uno de los funcionarios sufrió una lesión grave en una pierna y necesitó atención médica.
Las prisiones de Catalunya, fuera de control
Este incidente, así como el anterior intento de motín, provocados por la misma persona, no son hechos aislados a Lledoners. En las otras prisiones de Catalunya, la situación no es mucho mejor. Según un informe elaborado por la asociación de trabajadores de servicios penitenciarios de Catalunya Marea Blava, entre enero y agosto, hubo 87 agresiones graves —con lesiones graves— contra funcionarios, y 381 leves, que suman un total de 468 agresiones entre las leves y las graves. Si se suman las tentativas, esta cifra se sube todavía más, hasta los 864 funcionarios afectados. Un 20% más que el año 2022.
Con respecto a las agresiones sexuales, las cifras también van al alza. Este 2023, hasta agosto, se han denunciado dieciséis incidentes de estas características con diecisiete víctimas. Son seis en Quatre Camins, cuatro a Brians 2 y en Joves, dos en Ponent y una en Brians 1. Se trata de un 125% más que el año anterior. Con respecto a las víctimas hay cinco funcionarias y tres voluntarias, pero también cocineras, dinamizadoras sociales o maestras.