El Juzgado de Instrucción 3 de Alcalá de Guadaíra ha decretado el ingreso en prisión de cinco agentes de la Policía Nacional que el pasado martes fueron detenidos en un macrooperativo antidroga junto con 31 personas más. Los policías, miembros de la unidad de estupefacientes de la comisaría de este municipio de Sevilla, están acusados de supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, contra la administración pública, descubrimiento de secretos, contra el patrimonio, falsedad documental, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y tenencia ilícita de armas. Durante sus comparecencias ante el juez, los agentes se han limitado a contestar las preguntas de su defensa. Con respecto a la treintena de civiles detenidos, todos ellos con antecedentes por narcotráfico, todavía queda cerca de una veintena por declarar, mientras que la gran mayoría de los que ya lo han hecho han quedado en libertad.
Seis meses de investigación para llevarlos a prisión
La investigación que ha acabado con los agentes antidroga en la prisión se inició hace seis meses por parte de Asuntos Internos. Durante todo este tiempo, de manera secreta, se han estado haciendo escuchas, seguimientos y vigilancias, hasta que con todas las pruebas procedieron este martes a la detención de los implicados y a hacer 27 registros en Alcalá de Guadaíra, Utrera, Los Palacios, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera o Dos Hermanas. Las primeras inspecciones, sobre las cinco y media de la mañana, fueron las que se hicieron en los domicilios de los policías. Acto seguido se continuó en el resto, encontrando varias cantidades de cocaína.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario por parte del juez y no ha trascendido cuál es el grado de implicación que tenían los agentes dentro del entramado criminal y si hacían uso de su posición como agentes de la autoridad para delinquir. En este sentido, según apunta Diario de Sevilla, los investigadores miran de aclarar si se dedicaban a revender objetos intervenidos en operaciones antidroga, como focos o aires acondicionados de las plantaciones, a través de la colaboración con el chatarrero que los tenía que destruir y que en realidad emitiría un falso certificado garantizando la eliminación de estos residuos mientras se repartían el dinero de la venta.