Desde hace semanas, se repiten las imágenes de personas migrantes haciendo cola en embajadas y consulados a raíz del anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de impulsar una regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros. No es la primera vez que el Estado español promueve una iniciativa de este tipo: lo ha hecho en seis ocasiones, la última el año 2005. Ahora, sin embargo, según ha podido saber ElCaso.com, la policía está en alerta.
Las comisarías de los Mossos d’Esquadra han detectado una situación del todo atípica. En algunas comisarías se ha registrado, en poco más de una semana, un aumento significativo de denuncias por pasaportes declarados como perdidos, según han explicado a este medio fuentes policiales.
Las mismas fuentes apuntan que, en conjunto, se han denunciado miles de pasaportes extraviados, la mayoría correspondientes a ciudadanos de origen pakistaní, indio, bangladesí y argelino y se han expedido más de 3.000 certificados desde los consulados acreditando que sus ciudadanos han perdido el pasaporte. Una cifra que coincide temporalmente con la aceleración del debate sobre la regularización aprobada por el gobierno español. El volumen de denuncias y el momento en que se producen han activado alertas internas dentro de los cuerpos policiales.
La pérdida de documentación es un hecho habitual y, por sí sola, no constituye ninguna irregularidad. No obstante, fuentes policiales subrayan que el incremento concentrado en un período muy corto de tiempo y su coincidencia con un posible cambio normativo resultan, como mínimo, llamativos, y ya se han abierto investigaciones para aclarar qué está pasando. Hacer desaparecer el pasaporte y, después, reclamarlo de nuevo, con la denuncia, en los consulados o embajadas, hace que no se pueda verificar el tiempo de estancia en el Estado, que es una de las condiciones que reclama esta regularización pactada entre el PSOE y Podemos. Con el falso testimonio en el momento de hacer la denuncia, asegurando que hace más de ocho meses que están en el Estado, aunque haga menos, y cuando se consigue el nuevo documento oficial, ya se pueden acoger a este proceso extraordinario.
Las hipótesis con las que trabajan los investigadores
Entre las hipótesis con que trabajan las fuentes consultadas se encuentra la posibilidad de que, además, la pérdida del pasaporte dificulte también la identificación completa de la persona, así como la comprobación de su país de origen o de antecedentes administrativos previos. Es tal la preocupación en este sentido entre los agentes que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional española se ha puesto a trabajar en una investigación para averiguar qué hay detrás de este repunte de denuncias y qué consecuencias podría acarrear para el sistema, en colaboración con los Mossos d’Esquadra.
Según el abogado Daniel Salvador, responsable del área penal de Vosseler Abogados, la comunidad pakistaní está “muy bien organizada”. “Lo hemos visto las últimas semanas, con el colapso de consulados”, señala. La única explicación que ve detrás, e insiste en que se trata solo de una hipótesis, es que este posible aumento de denuncias por desaparición de pasaportes podría estar vinculado a la voluntad de facilitar los trámites de regularización, ya sea por falsear el tiempo de estancia como para eliminar las detenciones e identificaciones policiales.
Salvador explica que, cuando se denuncia la pérdida del pasaporte, se puede generar un limbo administrativo en cuanto a las detenciones policiales que aún no han acabado con ninguna sentencia judicial. “Si el documento no se localiza, estas identificaciones o detenciones pueden quedar sin una vinculación clara y, en consecuencia, desaparecer del registro”. Aclara, sin embargo, que esto no sucede con los antecedentes penales firmes, que siguen un circuito legal diferente. Según el abogado, esta situación no es nueva: en procesos de regularización anteriores, muchas personas han intentado cancelar o eliminar cuanto antes los antecedentes policiales para poder acogerse a ellos.
El abogado también considera que la propuesta del gobierno español es demasiado ambigua, ya que habla de permitir la regularización de migrantes con antecedentes penales “poco relevantes” sin concretar qué significa exactamente este concepto. En este contexto, apunta que la denuncia por pérdida del pasaporte podría servir para desvincularse de determinadas identificaciones o detenciones, haciendo recaer la responsabilidad en una persona no identificable o en un documento ya inexistente.
Otra línea de preocupación, según fuentes policiales, apunta a la posible existencia de redes informales de asesoramiento que estarían recomendando declarar la pérdida del pasaporte como una estrategia para facilitar estos trámites. Estas redes, subrayan, no necesariamente formarían parte de organizaciones criminales, sino que podrían estar integradas por intermediarios o gestores irregulares. Este medio se ha puesto en contacto con diversas entidades sociales y colectivos antirracistas para conocer su valoración sobre el aumento de pasaportes declarados como perdidos detectado en algunas comisarías de Barcelona. La mayoría han declinado hacer una valoración concreta, alegando que no disponen de datos contrastados.
Un debate abierto sin confirmación oficial
En cuanto al Ministerio del Interior, hasta ahora no ha querido hacer ninguna valoración concreta sobre esta posible situación que colapsa las comisarías de los Mossos y que, siempre según las primeras hipótesis, apunta a una estafa masiva en este proceso de regularización de inmigrantes extranjeros. No se ha emitido ningún comunicado ni respuesta oficial que confirme, desmienta o contextualice los datos aportados por fuentes policiales. Lo que sí admiten diversas fuentes es que el debate vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: si la administración está preparada para gestionar procesos extraordinarios y cómo equilibrar el control administrativo con la protección de los derechos fundamentales.