La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal que se dedicaba a estafar migrantes en situación de irregularidad ofreciéndoles permisos y resguardos falsos por valor de miles de euros. La organización llegaba a hacer pagar hasta 8.000 euros por un documento sin valor legal, aprovechándose del desconocimiento de los recién llegados. Entre los implicados había un funcionario que manipulaba los datos oficiales y filtraba información confidencial a los estafadores.

Los hechos empezaron en octubre de 2024 cuando, en Teruel, se detectó una solicitud de autorización de residencia inicial que no cuadraba con un certificado, y, al investigarlo más a fondo, detectaron que otros de los documentos presentados podían haber sido falsificados. A partir de este descubrimiento, se detectaron decenas de documentos por todo el Estado español donde algunas personas aparecían como reagrupantes — es decir, inmigrantes que viven en un país y solicitan que sus familiares puedan ir a vivir con ellos al país donde se encuentran— sin su consentimiento. Algunos documentos declaraban que nuevos migrantes venían a reunirse con la familia, pero aquellos a quienes los documentos definían como familiares ni lo eran ni habían pedido ningún permiso.

Un funcionario, implicado en la tramitación de los permisos falsos

El objetivo de esta mafia, pues, era engañar inmigrantes en situación de irregularidad y prometerles un permiso de residencia a cambio de unos cuantos miles de euros, y lo que hacían era crear documentos falsos con datos manipulados para dejar entrar estos migrantes o, al menos, que ellos se lo creyeran. Para crear los expedientes que daban permiso para vivir en el país, los estafadores se inventaban relaciones familiares entre personas que no tenían nada que ver entre ellas sin el consentimiento de las que ya residían aquí. Poder elaborar este tipo de documentos falsificados se necesitan datos privilegiados y permisos para poder colocar la solicitud al sistema, pero eso no era un problema para el grupo porque tenían un as bajo la manga: uno de los implicados en este entramado de estafas era un funcionario con acceso a toda la información necesaria para aprobar los trámites fraudulentos.

La operación se ha saldado con seis registros domiciliarios y 12 detenciones por varias demarcaciones de España, una de ellas en Barcelona. En las intervenciones se confiscaron 13.670 euros en efectivo, seis teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, cuatro discos duros y documentación relativa a la investigación. Los estafadores se aprovechaban de su conocimiento legal y de la ignorancia de los migrantes para venderles oportunidades de residencia fraudulentas a precio de oro. La mayoría de los permisos tenían un precio de entre 3.000 y 8.000 euros, dependiendo del trámite.

También ofrecían solicitudes de protección internacional por mil euros cada una, un resguardo que normalmente se entrega a todas aquellas personas que inician un proceso de solicitud de asilo. En algunas ocasiones los detenidos también ofrecían guiones y directivos sobre que declarar a la policía o a la Oficina de Extranjería.