Un matrimonio de Vigo acumula 44.000 euros en multas porque se niegan a derribar su vivienda. Hace más de diez años que luchan en los juzgados por salvar su casa.
Una pareja en paro
Josefa Bouzón y Gonzalo Cerezo viven de la tierra y argumentan que nunca podrán pagar la cantidad de dinero que los pide.
Ella era cocinera en una casa rural y quedó sin trabajo a raíz de la pandemia, su última nómina y la hipoteca fueron embargadas por las multas.
Este mes recibe la última prestación de 550 euros. Él era operario municipal del municipio de Soutomaior y empezará a recibir una pensión de 420 euros. "Estamos asfixiados, así no se puede vivir", declara Josefa a La Voz de Galicia.
Todo empezó en 2009, cuando la pareja construyó sin licencia una tercera planta en su vivienda.
En la planta baja almacenan las herramientas y maquinaria para cultivar la tierra. Vivían en la primera planta y les faltaba espacio.
Acumulan 44.000 euros en multas para negarse a derribar su casa / Wikimedia Commons
Un vecino denunció las obras y la arquitecta municipal fotografió la irregularidad desde la vía pública, en una imagen donde no se apreciaba la planta baja.
Parecía una casa de dos plantas sin terminar y la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) entendió que era una construcción ilegal sin acabar, ordenando el derribo de todo el edificio.
Deben 44.000 euros en multas
Desde entonces, la pareja ha recibido sanciones que acumulan 44.000 euros. La primera fue de 1.000 euros, la segunda de 2.000, la tercera de 4.000, la cuarta de 8.000 y las tres siguientes de 10.000 euros cada una. La última llegó en septiembre del año pasado.
Argumentan que, después del derribo de la última planta, que se resolvió a los juzgados, la vivienda cumple todos los parámetros de la ordenanza, y que no son capaces de hacer frente a las multas.
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, no obstante, exige el derribo de todo el edificio, que se construyó en 1998.