Está llegando la época en que más dinero nos gastamos en regalos. Black Friday o Navidad están casi a tocar y aprovechamos estas fechas para comprar cosas para nosotros o para los que nos rodean. Cada vez es más habitual comprarlo todo a través de internet y qué nos lo envíen en casa, sea a través de Amazon o de otras tiendas que utilizan empresas de transportistas para hacérnoslo llegar.

Pero cuando el paquete llega a casa nosotros no siempre estamos, sea porque estamos en el trabajo o porque hemos salido a comprar. En muchos casos, los repartidores deciden dejar el paquete a un vecino para no tener que volver después otra vez. Pero para poder hacerlo, nos tienen que pedir permiso y nosotros tenemos que consentirlo. En caso de no hacerlo, el transportista estaría cometiendo una ilegalidad.

El repartidor no puede dejar el paquete a un vecino sin permiso

Eso lo ha determinado la Agencia Español de Protección de Datos (AEPD), que ha sancionado con 70.000 euros la empresa de transportes UPS por haber entregado un paquete de MediaMarkt a una vecina sin pedir el permiso al destinatario. Cuando el comprador se enteró, decidió interponer una reclamación alegando que a nadie lo había avisado con anterioridad y no había dado ningún tipo de autorización para hacer la entrega, incumpliendo la ley 43/2010 del Servicio Postal Universal.

Además, alegaba que ejerció su derecho de oposición y no había recibido ninguna respuesta. En el escrito, se quejaba de que sus datos personales hubieran quedado de esta manera en manos de su vecina. Eso, aunque a las condiciones de entrega de MediaMarkt ya se prevé una cláusula con la posibilidad de dejar el paquete en el buzón o en casa de algún vecino cuando no esté el destinatario, siempre que este no se niegue.

El AEPD ha concluido que ha habido una vulneración del Reglamento General de Protección de Datos y que las medidas de seguridad de UPS no son las adecuadas y se ha dado acceso a la información personal del destinatario a una tercera persona. Así pues, ha impuesto a UPS una multa de 50.000 euros por haber violado el principio de integridad y confidencialidad, y 20.000 euros más por no haber garantizado las medidas de seguridad necesarias para proteger datos de carácter personal.