Los Mossos d'Esquadra han conseguido desarticular una organización criminal altamente especializada en la estafa financiera, un tipo de delito especialmente complejo porque combina la suplantación de identidad, la falsificación documental, las telecomunicaciones y las operaciones bancarias. El grupo, según la investigación del caso Cassie, había convertido este sistema en su principal actividad criminal y actuaba con una estructura perfectamente organizada, con cada miembro asumiendo una función específica. Se han detenido a ocho personas; una ya había sido arrestada por hechos parecidos en el año 2018 y, en uno de los registros, se han localizado 1.600 DNI que la banda utilizaba para ejecutar sus estafas.
Documentos robados como piedra roseta de la estafa
La primera fase comenzaba mucho antes de las estafas. Los investigados robaban documentos de identidad en hurtos o robos, o los conseguían de otros ladrones, y los guardaban durante meses, hasta que encontraban dentro del grupo a una persona con una apariencia física lo suficientemente parecida a la de la víctima. Con aquel DNI y los datos personales obtenidos, iniciaban la suplantación de identidad ante entidades financieras y empresas de crédito. Aprovechando esta identidad falsa, contrataban tarjetas de crédito y productos de financiación, pero antes modificaban los datos de contacto de la víctima —teléfono, correo electrónico o dirección— para que todas las notificaciones llegaran a los miembros de la banda y el fraude pasara desapercibido durante el máximo tiempo posible. Una carta en casa del propietario legítimo del DNI robado levantaría sospechas y cerraría el grifo. El objetivo era abrir tantas líneas de crédito como fuera posible antes de que las víctimas detectaran los movimientos fraudulentos. Una vez las tarjetas estaban operativas, comenzaba la fase de monetización. Los miembros del grupo retiraban grandes cantidades de efectivo en salones de juego, donde hacían múltiples extracciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar el límite disponible. Paralelamente, también compraban teléfonos móviles de alta gama y otros productos de fácil reventa para convertir rápidamente el crédito obtenido de manera ilícita en dinero.
La investigación de los agentes de la Unitat d’Investigació de la comissaria d’Horta-Guinardó de los Mossos ha sido especialmente laboriosa porque los sospechosos intentaban dificultar cualquier rastro. Las tarjetas SIM utilizadas para contratar los productos financieros estaban dadas de alta con identidades falsas o de terceras personas ajenas a los hechos. Aun así, los Mossos consiguieron relacionar varios casos gracias al análisis de los terminales móviles, que se repetían en diferentes operaciones. Este trabajo se complementó con el estudio de documentación bancaria, imágenes de videovigilancia, registros de acceso a los establecimientos de juego y seguimientos policiales, una tarea que permitió reconstruir toda la actividad del grupo y acreditar la participación coordinada de sus integrantes.
La dimensión de la organización quedó al descubierto durante el registro en un domicilio de Cerdanyola del Vallès, donde los agentes intervinieron cerca de 1.600 documentos de identidad, pasaportes y permisos de conducir de personas de toda España, además de documentación bancaria, teléfonos móviles, tarjetas SIM y 13.500 euros en efectivo. Solo en un periodo de doce días, los investigadores han podido acreditar que el grupo obtuvo más de 131.000 euros de beneficio ilícito, aunque los Mossos no descartan que el volumen real sea muy superior cuando se analice toda la documentación intervenida y se localicen nuevas víctimas. En la explotación de la investigación, los Mossos detuvieron, el ocho de julio, a cinco personas de entre 22 y 54 años, extranjeras y originarias de Sudamérica, por delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal, después de realizar entradas y registros en Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac.
El negocio es goloso
La investigación también ha permitido constatar que no era la primera vez que algunos de los principales implicados actuaban de esta manera. Uno de los presuntos líderes ya había sido investigado en 2018 en una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional, en la que ya se le habían intervenido cerca de 1.400 documentos de identidad. Esta continuidad es, precisamente, la que ha llevado a los investigadores a concluir que lo que había empezado como un modus operandi se había acabado convirtiendo en un auténtico modus vivendi.