El tráfico de seres humanos continúa siendo una realidad escondida y difícil de detectar en Catalunya. Aunque la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad investigada por los Mossos d'Esquadra, la policía catalana alerta de un aumento de los casos de explotación laboral, especialmente en pequeños supermercados y establecimientos de comercio minorista que durante los últimos años se han multiplicado por todo el país.
Se trata, en muchos casos, de tiendas de alimentación con horarios muy amplios, algunas abiertas casi durante todo el día, gestionadas por personas de origen extranjero y que pueden operar bajo franquicias o marcas comerciales conocidas. Según ha explicado Lluís Moreno, especialista en la investigación contra el tráfico de seres humanos de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos, detrás de algunos de estos negocios se han detectado trabajadores sometidos a jornadas interminables, salarios inferiores a los que marca la ley y graves irregularidades laborales. No todos estos establecimientos esconden situaciones delictivas, pero los investigadores han detectado redes de explotación consolidadas en algunos negocios controlados por personas de una misma comunidad o entorno familiar. En varios casos investigados, los responsables y las víctimas son de nacionalidad pakistaní o proceden de otros países asiáticos, una circunstancia que puede facilitar el control de los trabajadores mediante vínculos familiares, comunitarios o de dependencia económica.
Trabajadores sin libertad real para denunciar
Las víctimas suelen encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad. Algunas desconocen sus derechos laborales, no hablan catalán ni castellano, dependen económicamente de los explotadores o tienen una situación administrativa precaria. También pueden haber contraído deudas para llegar a Catalunya o depender de los responsables del negocio para tener trabajo, alojamiento o documentación.
Estas circunstancias hacen que denunciar sea especialmente complicado. Aunque aparentemente puedan entrar y salir del supermercado o mantener contacto con clientes, muchas víctimas no tienen libertad real para abandonar el trabajo ni capacidad para enfrentarse a sus explotadores. El miedo a perder los ingresos, ser expulsadas de la vivienda, sufrir represalias o tener problemas administrativos hace que muchas situaciones nunca lleguen a conocimiento de la policía. Los investigadores deben trabajar conjuntamente con Inspección de Trabajo, servicios sociales, entidades asistenciales y otros organismos para diferenciar una infracción laboral de un posible delito de trata de seres humanos. Para que exista este delito, no basta con que las condiciones sean precarias o irregulares: hay que acreditar que la persona ha sido captada, trasladada, acogida o controlada con engaños, amenazas, coacciones o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad para explotarla.
La explotación sexual sigue siendo mayoritaria
A pesar del incremento de los casos laborales, la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de la trata de seres humanos detectada por los Mossos. Entre el 2025 y el 21 de julio del 2026, la policía catalana ha abierto 36 investigaciones, ha identificado 24 víctimas y ha detenido a 32 personas. De las 24 víctimas identificadas, catorce eran explotadas sexualmente, cinco sufrían explotación laboral, dos habían sido obligadas a contraer matrimonios forzados y tres eran explotadas para cometer actividades delictivas. En total, las víctimas eran quince mujeres y nueve hombres procedentes de países como Colombia, Rumanía, China, Bangladés, Marruecos, Venezuela, Pakistán, Honduras o México.
En el ámbito sexual, los Mossos alertan de que la actividad se está trasladando progresivamente de los prostíbulos tradicionales a pisos y viviendas particulares. Este cambio hace que las víctimas sean todavía más invisibles y que las organizaciones criminales puedan controlarlas con mayor facilidad, limitando sus salidas y el contacto con el exterior. Las redes también utilizan cada vez más las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y otras plataformas digitales para captar víctimas, ganarse su confianza y ofrecerles falsas oportunidades laborales o de vida. Posteriormente, estas mismas herramientas sirven para controlar su actividad, gestionar a los clientes o vigilar sus movimientos.
Víctimas explotadas también en plantaciones de marihuana
La explotación laboral no se limita al comercio al por menor. Los investigadores también han detectado personas obligadas a trabajar en plantaciones de marihuana repartidas por nuestro país, los conocidos como jardineros. Las víctimas se encargan de mantener, vigilar y cuidar las plantas, a menudo encerradas durante semanas o meses en casas aisladas, naves industriales o viviendas ocupadas.
En algunos casos no pueden abandonar el espacio, no cobran lo que se les había prometido y viven bajo amenazas o con los documentos retenidos. Esta situación las convierte a la vez en víctimas de explotación y en posibles investigadas cuando la policía localiza la plantación, hecho que obliga a los agentes especializados a analizar cada caso antes de atribuirles responsabilidades penales. Durante este 2026, los especialistas de la DIC han realizado 127 entrevistas a personas que podrían encontrarse en una situación de explotación o de riesgo. Estas conversaciones permiten detectar indicadores, comprobar informaciones y activar medidas de protección, incluso antes de que se pueda acreditar policialmente el delito.
Un correo y un código QR para alertar a los Mossos
La principal dificultad de los investigadores es llegar hasta las víctimas. Muchas están escondidas en pisos, supermercados, plantaciones u otros espacios privados, y la policía no puede acceder ni controlar todos los establecimientos sin indicios previos. Por este motivo, los Mossos han activado dos nuevos canales de contacto directo con la ciudadanía.
A partir de ahora, cualquier persona podrá enviar información al correo stopexplotacio@mossos.cat o acceder mediante un código QR a un formulario disponible en catalán, castellano e inglés. Los canales permiten comunicar posibles situaciones de explotación, aportar información a los investigadores o pedir ayuda en caso de ser víctima. La información se puede facilitar sin tener que acudir inicialmente a una comisaría, hecho que busca reducir el miedo y las barreras que frenan a muchas víctimas y testigos. Los avisos serán analizados por los especialistas en tráfico de seres humanos de la DIC, que podrán hacer comprobaciones y coordinarse con Inspección de Trabajo, la Fiscalía, servicios sociales y otros organismos competentes. Los Mossos confían en que la colaboración ciudadana permita descubrir casos que hasta ahora quedaban completamente ocultos. Un cliente, un vecino, un proveedor o un antiguo trabajador pueden detectar indicios como empleados que trabajan cada día durante muchas horas, personas que viven en el mismo establecimiento, trabajadores que parecen vigilados, que no pueden hablar libremente o que muestran miedo ante los responsables.