Este jueves por la mañana dos furgonetas del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos patrullaban por La Mina, en Sant Adrià de Besòs. El barrio aún recuerda cómo este martes por la tarde un tiroteo donde se dispararon más de 150 tiros puso en alerta a todos los vecinos (vídeo). Podría haber sido una tragedia, pero afortunadamente, solo dejó a una mujer mayor herida levemente por una bala perdida. El objetivo de la policía es evitar nuevos enfrentamientos y que la escena de esta semana, con personas armadas abriendo fuego en medio de la calle, disparando al aire e impactando contra edificios y vehículos, no se repita.
Aumentar la presencia en la zona es, por ahora, la única solución que tiene la policía catalana para hacer frente a este nuevo estallido de violencia. Un tiroteo, el de este martes por la tarde, que no se había visto nunca en el barrio. Los incidentes con armas de fuego se han multiplicado en los últimos años, cuando más personas, gracias a los beneficios de la marihuana, han podido acceder a las armas, necesarias en este ambiente, para defenderse de otros grupos criminales. Cualquier enfrentamiento, por ridículo que sea, debido al control del barrio y del negocio de la droga, puede desencadenar una tragedia, y si tienen armas a mano, el desenlace puede ser fatal. Los Mossos que investigan estos clanes familiares aseguran que los tiroteos, aunque sin heridos, son habituales en zonas como La Mina, pero también en Sant Roc, en Badalona, o en Sant Cosme, en El Prat de Llobregat, dos puntos también calientes del área metropolitana de Barcelona donde reinan los clanes de etnia gitana.
Disparos para marcar territorio
Disparos al aire, disparos contra fachadas y disparos contra vehículos y después escapar es el particular mensaje entre grupos enfrentados para amenazarse y marcar territorio. Este final de verano, en El Prat, una mujer resultó herida al recibir el impacto de un cristal tras un tiroteo contra su casa, en una calle de Sant Cosme, en El Prat. El objetivo no es matar a nadie, es enviar un ruidoso aviso, tanto a los objetivos como a los vecinos. Tienen armas, armas de fuego, y pueden usarlas. Pero tener acceso a este tipo de armas letales permite que enfrentamientos banales, como una pelea entre dos jóvenes, una discusión de tráfico o una mala mirada, por el caldo de cultivo de enfrentamiento entre los clanes, acaben con un verdadero baño de sangre. La verbena de San Juan, en el barrio de la Font de la Pólvora, también controlado por clanes de etnia gitana, una pelea mientras se lanzaban petardos, terminó con dos muertos en un tiroteo con un arma de guerra y una pistola.
La investigación por el tiroteo de esta semana en La Mina la ha asumido la División de Investigación Criminal (DIC) de la región metropolitana Norte y, por ahora, se sigue trabajando para poder identificar a los pistoleros y poder arrestarlos. A pesar de las imágenes del brutal tiroteo, los Mossos aún no los han podido localizar. Los investigadores, acostumbrados a trabajar con estos delincuentes, tienen claro quién está detrás de los disparos, pero hay que afinar bien, marcar claramente los objetivos y hacer las detenciones con seguridad. Asaltar policialmente el barrio de La Mina no es fácil, y más si se quiere tocar hueso. La última vez que fue necesario detener a un miembro destacado de uno de los clanes que controlan el barrio se hizo con el Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos, la unidad especializada para responder a posibles hostilidades con armas de fuego.
El incremento de armas de fuego, y que La Mina sea considerada una "no-go zone", una zona mejor no ir, no es espontáneo. Que más de un 10% de las casas de este barrio, donde viven unas 10.000 personas (un 30% de las que tiene todo el municipio de Sant Adrià de Besòs), estén legalmente vacías, ha convertido algunos de los bloques más castigados en plantaciones completas de marihuana. Casas ocupadas que sirven, con la luz pinchada, de grandes fábricas de producción de esta droga, que después ponen en circulación los mismos clanes que la cultivan o otros grupos criminales que se encargan de venderla más hacia Europa. La necesidad de protección de las plantaciones y los exagerados beneficios que genera esta droga ha hecho entrar las armas de fuego, más que nunca, en el barrio de La Mina. La alcaldesa, la socialista Filo Cañete, ayer, después del tiroteo, aceptó que el barrio está fuera de control y que se necesitan "medidas excepcionales" para controlar la presencia de armas de fuego en las calles del barrio.
La guerra de la droga en el barrio de La Mina
Casi cada semana se hace alguna entrada judicial en alguna de estas casas ocupadas para retirar material que se utiliza para hacer plantaciones, pero la acción policial no soluciona el problema. Las investigaciones se alargan y cuando finalmente el juez autoriza el registro y la recuperación del domicilio, no se hacen detenciones—logran escapar con un entramado de casas conectadas—y nadie asume el piso. Por tanto, a las pocas horas, vuelve a ser ocupado y volverá a funcionar como una plantación de marihuana. El dinero que genera este negocio de la droga hace que el coste-beneficio, aunque de vez en cuando los Mossos desmonten alguno de los pisos donde se produce la marihuana, salga a cuenta.
Y en este círculo vicioso que genera tantos beneficios, aparece, inherente, la violencia. Controlar estas gallinas de los huevos de oro que son las plantaciones de marihuana hace que crezcan las tensiones entre los grupos que quieren conseguir más puntos bajo su dominio, sean plantaciones o puntos de venta. Y la espiral lleva a más violencia. Este problema no es solo exclusivo del barrio de La Mina, en Sant Adrià, evidentemente. En Reus, por ejemplo, en el barrio de Mas Pellicer, la disputa del control del barrio entre un clan de etnia gitana y un grupo de hombres magrebíes, también ha acabado algún día a tiros. En La Mina, sin embargo, que se trate de una zona tan grande, con tantos calles, cerca de la gran capital catalana, y donde, aunque se han probado mil recetas, nunca se ha conseguido aislar el problema, lo convierte en un verdadero problema de seguridad, aunque desde el Gobierno de la Generalitat se haya querido obviar, durante tiempo, una solución contundente.
Pacificar el barrio: entre el miedo y el complejo político
La solución, si más no policial, quirúrgica contra esos delincuentes peligrosos, que no son todos los vecinos del barrio, no es fácil. Tras los últimos tiroteos, por Semana Santa, en el año 2024, se reactivó un refuerzo del dispositivo Límites, con la colaboración de las policías locales y la policía española, para incrementar la presencia policial en La Mina para ganar el barrio, centro por centro, hacer cumplir las normas de civismo y atacar la delincuencia, haciendo controles administrativos y de armas en establecimientos y bares, para intentar recuperar el control. Pero no ha sido suficiente. La falta de valentía política tampoco ayuda. Algunos mandos de los Mossos d'Esquadra han explicado a ElCaso.com que una saturación del barrio con ARRO y la Brigada Móvil, cerrando completamente el acceso en algunos puntos donde se sabe que sirven de distribución de la droga, y durante un tiempo prolongado, acabaría teniendo efecto, sobre todo expulsando a los criminales, si ven que su objetivo, que es el negocio de la droga, no les sale a cuenta si tienen a la policía cada día detrás. Pero, por ahora, por el coste económico y social que generaría este despliegue, ningún alto mando de la policía de Catalunya lo ha planificado ni permitido.
Las investigaciones policiales, más allá del día a día y de la presencia en la calle, también siguen, aunque el ritmo es más lento. Por los obstáculos judiciales y también las complicaciones de la propia indolencia de este barrio, donde los vecinos, que saben que no podrán salir nunca de este gueto, no quieren problemas con sus vecinos y son pocos colaboradores y menos con colectivos donde la no omertà se puede llegar a pagar con la vida. Aún con el eco de las más de 150 balas disparadas este jueves por la tarde, algunos vecinos han explicado que viven con miedo. A pesar de esto, y el rechazo social a vivir con el miedo de ser una víctima del fuego cruzado de los clanes que quieren controlar el barrio, el miedo sigue ganando y cuesta encontrar quien se enfrente o, incluso, quiera dar la cara. A este constante enfrentamiento entre grupos rivales, hay otra realidad, que pasa más soterrada. La llegada al barrio de personas a comprar droga. Algunos venidos desde Francia y otras partes de Europa, para hacer compras a gran escala, y otros, que generan aún más inseguridad, con hurtos y robos violentos, para comprar la droga diaria, sobre todo personas de nacionalidad georgiana.
Mientras tanto, a pesar de los esfuerzos policiales puntuales cuando La Mina es noticia o con los dispositivos semanales para intentar pacificar el barrio, parece que esta zona de Sant Adrià de Besòs esté condenada a no ver la luz. Las recetas sociales, desde izquierda y derecha, no han funcionado y la solución ahora, desde el frente policial, parece tampoco convencer a los políticos.
El presidente Illa visita La Mina
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, acompañado de la consejera de Interior, Núria Parlon, tiene previsto visitar el barrio y reunirse con la alcaldesa Filo Cañete este jueves por la tarde. Después de la reunión, el Molt Honorable hará una declaración a los medios desde el barrio. En diversas intervenciones en el Parlamento de Catalunya, el presidente Illa ha marcado la seguridad como uno de los pilares de su mandato. El socialista, aunque enmarca su estrategia de seguridad en una política de izquierdas, para mantener el orden allí donde los más débiles también tienen derecho a vivir con paz, sabe que se juega parte de su éxito y que, por el momento, necesita marcar un perfil duro si no quiere perjudicar a los alcaldes de su partido, que controlan la mayoría de municipios grandes del área metropolitana y tampoco perder el crédito de gestor que soluciona la vida a la gente que él mismo ha querido vender desde que ocupa la Generalitat de Catalunya.