Nueva operación de la policía española en Barcelona contra un entramado criminal que se había especializado a organizar bodas entre parejas de hecho de conveniencia y empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros a cambio de elevadas sumas de dinero. Se han hecho más de 70 detenidos, entre ellos, algunas de las personas españolas que habían aceptado cobrar entre 400 y 1.000 euros para casarse de manera irregular con una persona de nacionalidad extranjera con el fin de poder regularizar sus papeles en nuestra casa.
Los extranjeros pagaban entre 6.000 y 10.000 euros
Según los investigadores de la Policía Nacional se han detenido los líderes de la organización Martorell, Igualada y Olesa de Montserrat. Siempre funcionaban igual. Ponían en contacto personas de nacionalidad española con personas de nacionalidad extranjera con el fin de formalizarse como pareja de hecho. Las personas de nacionalidad española recibían entre 400 y 1.000 euros por ceder su documentación para hacer esta boda irregular. En una segunda fase, el entramado criminal buscaba también propietarios o inquilinos de inmuebles que quisieran empadronar a las parejas por así demostrar la convivencia, caso en que también se remuneraba la persona que lo permitía con entre 200 y 500 euros.
Cuando la mafia tenía todos los papeles preparados, recogían a la persona extranjera en el aeropuerto y lo acompañaban a realizar todos los trámites necesarios para conseguir su regularización, como empadronamiento, constituirse como pareja de hecho delante de notario y la entrega de la documentación a un gestor especialista en extranjería consiguiendo regularizar la situación en España obteniendo la Tarjeta de Residencia de Estranger (TIE). El coste que tenía esta operación ilegal para los ciudadanos extranjeros era de entre 6.000 y 10.000 euros, según las informaciones recogidas por la policía.
La policía busca más pisos en Barcelona y Girona
Si bien la investigación ha permitido desarticular este grupo criminal que se dedicaba a facilitar bodas y parejas de hecho de manera irregular, la policía sigue recogiendo datos de casas y personas de nacionalidad española que permitieron, cobrando, que los clientes de esta mafia se empadronaran en su casa en pisos de las demarcaciones de Barcelona y de Girona.