El crimen organizado en Catalunya va absorbiendo, a niveles preocupantes, a personas que, sin antecedentes o con antecedentes por delitos de baja intensidad, dan el paso a delitos mucho más graves, como la tenencia de armas o el narcotráfico. Es el caso de un hombre de nacionalidad española, vecino de Vallirana, que ha sido arrestado por los Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la región metropolitana Sur por su supuesta relación —como pieza clave— en una trama de la mafia albanesa de la marihuana en nuestro territorio. Se trata de un hombre sin antecedentes y desconocido por la policía, que se había ganado la confianza de uno de los líderes de esta mafia del narcotráfico y se encargaba de hacer de agente inmobiliario, lo que se conoce como API, para la organización. No solo conseguía naves y viviendas donde instalar plantaciones de marihuana, sino que también blanqueaba dinero a través de un testaferro, a quien pagaba para que pusiera los contratos a su nombre.
Todo esto se ha podido saber después de meses de investigación liderada por los agentes del subinspector Òscar Duran, jefe de la DIC de la Metro Sur, que ha tirado del hilo de las relaciones de este narco-API, que había encontrado en el negocio de la marihuana un modus vivendi. Según las diligencias policiales, obtenía grandes beneficios, muy superiores a los que podría conseguir si se dedicara a vender o alquilar pisos o naves para usos legales. Los Mossos han podido demostrar ante el juez cómo actuaba y cuál era su relación con el líder de la organización, un hombre de nacionalidad albanesa, conocido por la policía, que vivía en la zona de Diagonal Mar en un piso de lujo. A pesar de su elevado tren de vida, no consta que tenga ninguna actividad profesional legal.
Todo empezó en septiembre de 2024, cuando se detectó que una nave industrial ubicada en Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat) registraba un gran consumo eléctrico. Se empezó a tirar del hilo. Aunque habían asegurado que la habían alquilado para instalar una empresa eléctrica, los agentes descubrieron que en ningún caso se estaba desarrollando dicha actividad. Del interior se desprendía una gran cantidad de calor, compatible con la que generan las instalaciones eléctricas de las plantaciones interiores de marihuana. Esto motivó el inicio de la investigación. Las gestiones posteriores permitieron saber que personas conocidas iban a la nave a entregar material y que eran recibidas por individuos de nacionalidad albanesa que residían allí, lo que confirmó las primeras sospechas.
Tirando del hilo hasta el narco-API
Buscando quién era la persona que había alquilado la nave donde se cultivaba marihuana, se descubrió que había un hombre que pagaba el alquiler, pero que recibía dinero de otra persona para hacerlo. Las imágenes de la investigación apuntan a que un agente inmobiliario utilizaba un testaferro para pasar desapercibido. Le entregaba el dinero y él, a cambio de 80 euros cada mes, hacía el pago a los propietarios de la nave, complicando así el trabajo de la policía. Este agente inmobiliario, el vecino de Vallirana, según el análisis de los Mossos, cobraba por parte de la mafia albanesa para encontrar naves industriales y lugares donde ampliar su negocio. Este narco-API, supuestamente, también se encargaba de suministrar vehículos a la organización criminal y de proporcionar las armas que los miembros de la mafia utilizaban para defenderse de ataques de otros grupos criminales en narcoasaltos.
La investigación se fue extendiendo hasta que se pudo acreditar que este agente inmobiliario y el líder de esta rama de la mafia albanesa de la droga habían puesto en marcha varias plantaciones por el área metropolitana. Cuando los investigadores de la DIC ubicaron todas las plantaciones, solicitaron autorización al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Sant Boi de Llobregat para realizar siete entradas simultáneas y desmantelar las plantaciones. El operativo pretendía detener a los líderes —el líder máximo, dos lugartenientes y también el narco-API— y a los jardineros —jóvenes albaneses de menos de 25 años que vivían recluidos en las plantaciones— en Santa Coloma de Cervelló, Vallirana, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Granollers, Santa Coloma de Gramenet y Barcelona. Se detuvieron a trece personas, todos hombres albaneses, excepto el supuesto agente inmobiliario y su pareja, los dos de nacionalidad española y sin antecedentes.
Proveedor de armas
Los asaltos a las plantaciones y a los domicilios de los líderes, que se llevaron a cabo con seguridad y con la intervención de agentes del ARRO de los Mossos, permitieron detener a todos los objetivos. La mayor parte de las plantaciones y de las flores intervenidas fueron localizadas en dos naves industriales en Santa Coloma de Cervelló y Granollers, así como en una casa de Vallirana propiedad del narco-API. Este la puso a disposición de la organización criminal para realizar una plantación después de la muerte de un familiar suyo. En su casa, también en Vallirana, se encontraron tres armas de fuego: tres pistolas, dos de ellas de la marca Astra. Los investigadores sospechan que estaban listas para ser entregadas a la organización criminal, de la cual él sería, supuestamente, el proveedor de armas.
Los Mossos han confiscado las armas, que ahora serán analizadas por la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals de la Divisió de la Policia Científica para determinar si se pueden vincular a otros hechos delictivos. Los Mossos hace tiempo que alertan —aunque algunos mandos lo niegan públicamente— de que hay organizaciones criminales paralelas a los grupos de narcotraficantes que se dedican al suministro de armas desde el mercado negro al crimen organizado. Cada vez hay más incidentes relacionados con el tráfico de marihuana que implican armas de fuego y heridos. Incluso, muertos. El último caso, en Olesa de Montserrat: un tiroteo en un narcoasalto de marihuana acabó con un joven magrebí muerto.
Nueve de los detenidos, a prisión
El narco-API, el líder de la organización y los otros implicados —los dos lugartenientes responsables de la logística y los jardineros— han sido acusados de pertenencia a grupo criminal, delito contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas de fuego. Nueve de los detenidos han ingresado en prisión, según ha podido saber ElCaso.com. Ante los Mossos, ninguno de los detenidos habló ni explicó nada, y todos niegan los hechos, como es habitual en estos casos. Esta investigación y explotación del bautizado como caso Trifàsic podría ser una más, pero los mandos policiales avisan de que se está convirtiendo en paradigmático que personas sin antecedentes, cuyo primer contacto con la delincuencia es el crimen organizado, siempre pivote alrededor del lucrativo negocio de la marihuana.