El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dejado en libertad con cargos al empresario y productor televisivo a José Luis Moreno, detenido el martes en la operación 'Titella'. Sin embargo, ha decretado una fianza de 3 millones de euros que tendrá que depositar antes de las 15.00 horas del próximo jueves 8 de julio. Si la paga, José Luis Moreno no tendrá que entrar a prisión.
Después de recibir la notificación por parte del juez, José Luis Moreno ha abandonado a las tres y media la sede de la Audiencia Nacional salió a pie por la rampa del garaje del edificio anexo, donde hay los calabozos. Un coche lo ha cargado y se ha marchado sin hacer declaraciones a la prensa.
La Fiscalía había pedido una fianza de 3M€
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, que ha decretado el secreto de la causa, ha adoptado esta decisión a instancias de la Fiscalía, que pidió libertad provisional para el productor y otros tres detenidos que han sido puestos este jueves a disposición judicial pero con una alta fianza.
Otros jefes de la banda, también con libertad con fianza
Se trata de Marta Dillet Gran, administradora de diversas de sociedades investigadas en esta trama, y Antonio Luis Aguilera, que tendrán que pagar fianzas de 10.000 y 200.000 euros, respectivamente, antes del jueves. También se ha dejado en libertad a Javier Villalba sólo con la obligación de comparecencias periódicas en el juzgado.
Además de las fianzas, y también a petición de la fiscalía, el juez ha impuesto a los cuatro comparecencias periódicas, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España sin autorización judicial y la obligación de fijar un domicilio para estar localizable por la policía y por el juez.
José Luis Moreno se ha quedado mudo ante el juez
En su comparecencia delante del magistrado, el televisivo ventrílocuo se ha acogido a su derecho como investigado a no prestar declaración. Se le investiga por delitos de estafa, blanqueo, organización criminal y alzamiento de bienes.
La Operación 'Titella' ha supuesto el desmantelamiento, en Madrid y Barcelona, de una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las cuales supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros y que los investigadores vinculan con el tráfico de droga.