Novedades sobre qué pasó las horas antes del crimen de Figueres, antes de que Andrés Roché, de 48 años, de nacionalidad española, matara a puñaladas a su expareja, una joven transgénero hondureña de 33 años, en medio de la plaza Josep Tarradellas de la capital del Alt Empordà. El hombre había sido detenido dos veces en menos de 48 horas antes del crimen, tal como avanzó ElCaso.com, y, después de pasar a disposición judicial, quedó en libertad. Pocas horas después, según recoge el auto judicial conocido hoy, cuando ha ingresado en prisión, robó un cuchillo de grandes dimensiones en un bazar y atacó a la víctima hasta matarla.
Dos veces detenido
La secuencia empieza el domingo 17 de mayo, cuando los Mossos d’Esquadra detuvieron a Roché por un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género contra su expareja. En aquel atestado, según recoge ahora el juez que ha asumido el homicidio, la valoración policial del riesgo concluyó que no se apreciaba riesgo de que la víctima sufriera una agresión física grave en aquel momento. Sin embargo, el mismo auto también detalla que al hombre se le intervino una navaja con una hoja de 10,5 centímetros y que había un informe de lesiones de la víctima con contusiones, heridas en la cara, eritema en el cuello por presión, abrasiones en el tórax y una herida en el labio inferior. La víctima, según este informe médico, explicó que el agresor le había tirado del pelo, le había golpeado varias veces, le había amenazado con un arma blanca y le había agarrado por el cuello.
Al día siguiente, el lunes 18 de mayo, se celebró un juicio rápido de conformidad en la plaza especializada en violencia sobre la mujer de Figueres. Fiscalía y acusado llegaron a un acuerdo: seis meses de prisión, prohibición de tenencia y uso de armas durante un año y ocho meses, y una orden de alejamiento e incomunicación de 250 metros respecto de la víctima durante un año y cuatro meses. La pena de prisión, sin embargo, quedó suspendida y Roché salió en libertad. Tenía también antecedentes, no contra esta chica, pero sí en otros lugares de Catalunya, con exparejas suyas.
Horas después de aquella condena —y de haberse autorizado que no tuviera que ingresar en prisión—, Roché volvió a ser detenido, esta vez por la Guardia Urbana de Figueres, a raíz de una pelea en la calle, delante de su domicilio, en la que también estaba su expareja. En este segundo episodio, según consta en la causa, no se pudo realizar el cuestionario policial de valoración del riesgo porque la víctima no denunció. Tampoco constaba, según el juez, ningún informe de lesiones de aquella intervención y la víctima no compareció al día siguiente a la cita con el médico forense ni a la citación judicial prevista a las diez y media. Desde el juzgado se le llamó al teléfono que constaba en el atestado, pero no contestó.
Entregado al juez horas antes del crimen
Aquel martes 19 de mayo, Roché pasó a disposición del juzgado de guardia de Figueres. Ante el magistrado y la Fiscalía se acogió a su derecho a no declarar. Y aquí es donde el juez sitúa la clave de la decisión que ahora ha quedado bajo el foco: en aquel momento no había acusación particular, la víctima no había comparecido, no había informe forense de lesiones del segundo episodio y el Ministerio Fiscal no pidió ninguna medida cautelar. Por ello, el juez acordó la libertad provisional del investigado. La resolución recuerda que la decisión se adoptó con la Fiscalía presente y sin que el Ministerio Público solicitara ninguna medida. Si nadie pide ninguna medida, el magistrado no la puede aplicar, recuerda el juez. El magistrado también apunta que, en lugar de archivar el procedimiento, acordó inhibirse de manera urgente a favor del juzgado especializado en violencia sobre la mujer, la plaza número 7 de Figueres, porque era quien había celebrado el juicio rápido y quien podía valorar la posible revocación de la suspensión de la pena impuesta el día antes. Esta decisión, según el auto, fue notificada al Ministerio Fiscal, que le dio el visto bueno.
Pero ya fue demasiado tarde. Según reconstruye ahora el juzgado, después de quedar en libertad, Andrés Roché se encontró con la víctima por la calle. Ambos estuvieron hablando y caminando juntos, compraron un cartón de vino alrededor de las dos de la tarde —hay imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento— y lo consumieron en una plaza. Poco después, hacia las tres menos cuarto, el hombre dejó a la víctima, entró solo en un bazar y robó un cuchillo de grandes dimensiones. Después volvió hacia ella y, según el escrito judicial, se abalanzó sobre ella y le asestó numerosas puñaladas que le causaron la muerte. El detenido ha reconocido los hechos ante el juez.
Ahora, sí, a prisión
Ahora, el mismo juzgado que el martes lo dejó en libertad ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para Roché, a petición de la Fiscalía y de la acusación particular. El magistrado considera que hay indicios de un delito de homicidio —sin descartar una calificación posterior como asesinato— y también de un posible quebrantamiento de condena. Además, aprecia riesgo de fuga, porque se enfrenta a una petición mínima de más de 20 años de prisión, y riesgo de reiteración delictiva por la existencia de antecedentes policiales y penales que, según el juez, permiten deducir un pronóstico de nuevas conductas violentas.
El crimen se habría podido evitar y ha mostrado las costuras de un sistema que, políticamente, se llena la boca de protección de las víctimas, pero que, por la sobreburocratización, permite que casos como este acaben de la peor manera posible.