La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos mujeres rusas, madre e hija, que estafaban a refugiados ucranianos con los trámites para conseguir protección temporal. El modus operandi consistía en ir a las colas que hacían las familias huidas de la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin en las comisarías, para entonces convencerles de que por un módico precio les ayudarían a tramitar los documentos y a agilizar el proceso.
Dos mujeres rusas estafan a refugiados ucranianos en Alicante
Llegando a estafar un total de 5.000 euros, las detenidas aseguraban a las personas ucranianas que trabajaban para la Policía y les amenazaban con anular su condición de desplazados por el conflicto si denunciaban el engaño una vez descubierto. Precisamente por eso la investigación empezó cuando los agentes supieron que había refugiados ucranianos en Alicante que estaban siendo abordados por dos mujeres en su idioma natal mientras esperaban frente a la comisaría.
Las presuntas autoras aprovechaban el desconocimiento de los desplazados recién llegados a la ciudad y que acudían a la Policía Nacional para obtener los documentos que les permiten residir legalmente en España para, fingiendo que trabajaban con la Policía, hacerles creer que si pagaban determinadas cantidades de dinero -hasta 250 euros por adulto y 150 euros por menor- los trámites serían "mucho más ágiles".
Agilizar procesos de protección temporal para desplazados
Las arrestadas, madre e hija de origen ruso, habían trabajado durante años como intérpretes oficiales a través de una empresa, conocían "perfectamente" los trámites a realizar, por lo que aportaban "mayor credibilidad" al engaño y además, entraban y salían de las dependencias policiales simulando trabajar con los agentes. Y no solo esto, ya que cuando las víctimas, que ya habían pagado, se daban cuenta del engaño y pedían que les devolviesen el dinero, les amenazaban, asegurando que podían anular los trámites y cancelar los documentos recién obtenidos.
Es por eso que muchas de las familias afectadas no habían denunciado debido a la precariedad de su situación. Con todo este entramado, los investigadores han detectado que las detenidas se habrían embolsado un total de 5.000 euros por la actividad criminal, por lo que se les considera a ambas como responsables de delitos de estafa, amenazas y coacciones.
Aprovechando el caso, cabe destacar que la Dirección General de la Policía ha establecido un protocolo para las personas refugiadas a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, donde se define el proceso a seguir de las instituciones para atender a los desplazados. En el caso de Alicante, se lleva a cabo en el Centro de Recepción de la Ciudad de la Luz, para documentarles y gestionar la autorización de residencia y trabajo como protección temporal para personas desplazadas.
Esta semana también se conocía una cruel noticia sobre una familia refugiada de Ucrania que había sido atracada por dos ladrones en una estación de servicio de Figueres, robándoles todo lo que tenían con el método conocido como "peruano".