Los Mossos d'Esquadra han conseguido desmantelar una mafia dedicada a cometer estafas inmobiliarias, tras un macrodispositivo el pasado 11 de noviembre que se saldó con una veintena de detenciones por toda Catalunya y también en Sevilla. El grupo, arraigado en varias localidades catalanas, tenía víctimas por todo el Estado español y actuaba simulando poderes notariales sobre pisos y casas de los que no eran los propietarios. Los agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona lideraron la operación policial contra estos delincuentes después de que el pasado mes de mayo les llegara una denuncia desde Figueres (Girona) por parte de un despacho notarial que había sido víctima de los estafadores de manera continuada. 


Según averiguaron los investigadores, los delincuentes obtenían los datos personales de propietarios de inmuebles de alto valor económico y que estaban libres de cargas -muchas veces solicitando esta información a través del Registro de la Propiedad- para usurparles la identidad y poder otorgar poderes notariales para la libre disposición de la finca en cuestión a otro miembro de su grupo, un abogado, que solicitaba un crédito, a menudo de entre 100.000 y 300.000 euros, a inversores privados, poniendo el inmueble como aval en caso de no retornar este dinero -lo cual, efectivamente, no hacían.  De esta manera, defraudaron un total de 1.200.000 euros a numerosas víctimas. 

Este dinero se dividía entre los diferentes miembros de la mafia que realizaban inversiones, compras y movimientos bancarios que tenían como objetivo ocultar su origen ilícito. Durante la investigación, los agentes pudieron acreditar la existencia de trece actos de otorgamiento de poderes notariales fraudulentos mediante DNI falsificados, así como siete estafas consumadas. 

Detenidas 22 personas involucradas en la trama

La investigación determinó que uno de los principales líderes se movía entre Sevilla y Catalunya, y lo pudieron relacionar con otros miembros del grupo asentados en Rubí y en Manresa (Barcelona). Con todo, el pasado 11 de noviembre se llevó a cabo un macrodispositivo con entradas y registros en la localidad sevillana de Estepa, donde localizaron a los tres cabecillas, así como en Sant Fruitós del Bages y Castellolí, en Barcelona, y en Figueres y Salt, en Girona. En total, se detuvieron a 22 personas -diecisiete hombres y cinco mujeres-, de entre 30 y 40 años, la mayoría con antecedentes por diversos delitos. En los registros en los domicilios los agentes intervinieron documentos de identidad y pasaportes falsificados, dispositivos electrónicos, una pistola detonadora manipulada para hacer fuego y pequeñas cantidades de droga.

La veintena de arrestados están acusados de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documento público, usurpación del estado civil y pertenencia a organización criminal. Todos pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia este jueves, 13 de noviembre.  

Propietarios, inversores privados y asesores financieros, víctimas del entramado

Los principales damnificados de esta trama son los propietarios de los inmuebles que se ponían como aval de manera fraudulenta en caso de impago, ya que perdían sus fincas, además, por un valor muy por debajo de su valor original. Pero los inversores también caían víctimas de los estafadores, así como los asesores e intermediarios que habían puesto en contacto a los acreedores con los autores de estas estafas.