Un caso de ocupación ilegal ha dejado a un vecino de Girona, Jordi Riera, y a toda su familia, en una situación de desesperación e impotencia. Su familia ha sido víctima de una ocupación por parte de desconocidos, con una serie de hechos que ha puesto en evidencia las deficiencias de la legislación actual y la falta de apoyo institucional ante este tipo de situaciones, también del gobierno municipal de Girona, controlado por la CUP, Esquerra y Junts, con una reacción tibia.
Todo empezó cuando, según explica Riera, estaban en la propiedad, donde no había nadie, si bien sí que había indicios que había sido ocupada, por el destrozo de una pared que habían construido en el anterior intento de ocupación. Cuando la familia estaba en el interior revisando el estado de la vivienda, aparecieron un grupo de hombres que intentaron acceder. La familia lo evitó, pero los hombres empezaron a amenazarles, hecho que obligó a la familia de Jordi a llamar al 112 y alertar a la policía. La familia había ido a la casa para iniciar unas obras después de meses esperando la licencia por parte del Ajuntament de Girona, uno de los hechos que también ha permitido la ocupación, después de estar meses cerrada -aunque protegida- esperando recibir esta autorización municipal fruto de la burocracia.
La policía echó a Jordi y a su familia
A pesar de la alerta a la policía, esta permitió la entrada de los ocupantes, que, una vez dentro, se pusieron a aplaudir, humillando a los propietarios. La única prueba que enseñaron a los ocupantes, para demostrar que aquello era su casa, fue un vídeo donde se veía que estaban cocinando con unas ollas. Que no tuvieran ningún contrato, que hubieran aceptado que habían forzado la puerta para entrar y que los propietarios enseñaran incluso las escrituras de la vivienda, no sirvió de nada. La policía informó a Jordi de que tenían las de perder por "allanamiento de morada", la suya propia, y que podrían incluso ser detenidos. Los ocupantes, que iban bien vestidos y con teléfonos móviles de alto valor, fueron identificados por la policía, algunos de ellos con pasaportes marroquíes y otros con NIE.
Las cosas empeoraron durante la misma noche. Según los testigos de los vecinos, oyeron golpes y derribos dentro de la casa. Eso no hizo más que aumentar la incertidumbre sobre el estado de la propiedad, con el miedo a que incluso otras personas pudieran haber accedido al lugar. "Nos han informado de que incluso ha entrado más gente. Ahora mismo, no sabemos qué pasa dentro de nuestra propiedad", explica Riera.
Trabas burocráticas que lo complican y ralentizan todo
A partir de entonces, Riera y su familia empezaron a enfrentarse a una serie de trabas burocráticas y administrativas que complicaron todavía más su situación. Después de presentar una denuncia al juzgado de guardia de Girona, les informaron de que no eran los únicos afectados. En aquel mismo día, otras dos ocupaciones habían sido tramitadas, pero Riera expresó su indignación por la lentitud del sistema: "Después de 24 horas, el juzgado todavía no había recibido el atestado policial.", asegura Riera.
Además, cuando intentaron obtener más información de la Policía Municipal, se les informó de que tendrían que declarar antes de poder continuar con el proceso, un hecho del que nadie les había avisado previamente. "Nos aseguraron que el atestado pasaría por los Mossos, pero que solo llevan los casos de ocupaciones a los juzgados los miércoles", añade Riera, resaltando la frustración por la ineficacia del procedimiento y la falta de contundencia policial para hacer frente a este tipo de hechos.
Vecinos totalmente indiferentes ante la ocupación
Riera ha expresado su profundo malestar por lo que considera una total desprotección por parte de las autoridades. "Esta situación nos ha dejado desprotegidos, solos e impotentes", ha comentado. Lamenta que, en lugar de encontrar apoyo, se ha enfrentado a la indiferencia o incluso a la comprensión errónea por parte de algunos vecinos, que le han llegado a decir que "si no molestan, no será un problema". Eso le genera la incertidumbre sobre que define el concepto de "molestar" cuándo se trata de la usurpación de una propiedad.
También ha destacado los comentarios que, según él, han minimizado la situación: "Hemos oído que 'no tendríais que haber pedido ayuda a la policía', cuando nos estaban amenazando directamente". Esta falta de empatía ha sido uno de los aspectos más dolorosos de una experiencia que les ha dejado no solo sin su vivienda, sino también sin la sensación de seguridad, apunta a Jordi Riera, en una conversación con ElCaso.com.
Una ley que prioriza el derecho de los ocupas
Lo más preocupante para Riera es que, en la mayoría de los casos de ocupaciones, los acusados acabarán absueltos, incluso si no devuelven la propiedad a los legítimos propietarios. "No solo eso: no podremos reclamar ningún daño, y tendremos que asumir íntegramente los costes legales del proceso", explica con amargura.
Su llamamiento a la reforma de la legislación es claro: "La ley es ridícula y absurda, priorizando los derechos de los ocupantes por encima de los propietarios. Todo es incomprensible", asegura. Su petición es que se introduzca un procedimiento exprés que permita resolver estos casos de manera clara y justa, garantizando los derechos de las víctimas de ocupación sin dilaciones ni trabas burocráticas.
A través de las redes sociales, Riera también ha hecho un llamamiento a la comunidad: "¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos recuperar nuestra casa? Si alguien ha pasado por una situación similar o conoce maneras de proceder, os estaríamos muy agradecidos por vuestro apoyo", concluyó, mostrando su agradecimiento por el apoyo recibido hasta el momento. Algunas personas ya le han enviado apoyo e incluso se han empezado a organizar grupos para ir a esta casa de Girona y echar a los ocupantes o protestar delante hasta que se marchen por su propio pie.
Este caso ha puesto de manifiesto las graves deficiencias de un sistema legal que parece más preocupado por proteger los derechos de los ocupantes que para defender los de las personas que, legalmente, son las propietarias de las viviendas. La situación de Riera y su familia es solo un ejemplo de una problemática mucho más amplia que afecta a muchos otros ciudadanos. Varios políticos, la mayoría de Junts o Aliança Catalana, han mostrado su apoyo a Jordi Riera, y han reclamado cambios legislativos para poder defender la propiedad privada, uno de los pilares del estado del bienestar. El alcalde de Girona, Lluc Salellas, de la CUP, se ha puesto en contacto telefónico con Jordi Riera, según ha podido saber ElCaso.com, y ha dicho que investigará la actuación de la policía y al mismo tiempo ha informado de que se está redactando un protocolo sobre actuaciones en este tipo de ocupaciones, si bien va para largo.
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