"No huiré, creo en la justicia." Es lo que ha afirmado Dani Alves a la Audiencia de Barcelona para pedir su libertad provisional, en la vista que se ha celebrado este martes. El exjugador del Barça ha intervenido desde la prisión de Brians 2 por videoconferencia. Su abogada, Inés Guardiola, ha pedido su libertad inmediata porque la sentencia de 4 años y 6 meses de prisión por violación, a pesar de no ser firme, es menor, y el 5 de marzo ya cumplió 1/4 parte de la condena, ya que está en prisión provisional desde el 20 de enero de 2023. Además, ha asegurado que el futbolista, en conocer la denuncia por agresión sexual, volvió de México y sabía que sería detenido.
La fiscal, Elisabet Jiménez, y la abogada de la víctima, Ester Gacía, han pedido al tribunal que el exjugador del Barça continúe en la prisión porque se mantiene el riesgo de fuga. La sección 21 de la Audiencia de Barcelona resolverá en los próximos días, según ha informado el gabinete de prensa del TSJC.
Retirada de los dos pasaportes
La abogada del brasileño ha propuesto al tribunal que para garantizar que Alves se quede en el Estado español decrete la retirada de los dos pasaportes que tiene, que lo haga comparecer en el juzgado y una fianza de 50.000 euros.
La abogada ha expuesto que se han modificado los motivos para que el futbolista continúe en la prisión. La primera es que se ha celebrado el juicio y la Audiencia lo condenó a una pena inferior a 5 años de prisión, que significa que no hace falta el periodo de seguridad, es decir, que hace falta que cumpla la mitad de la pena para disfrutar de permisos. Y, en su caso, no es así.
Capacidad económica
Además, Guardiola ha insistido que las acusaciones no han demostrado su capacidad económica. Ha asegurado que con la acusación de agresión sexual el club de fútbol Pumas lo echó y se le han retirado todos los convenios de patrocinio; además, tampoco ha cobrado todavía una devolución de Hacienda.
Riesgo de fuga
Por el contrario, la fiscal y la abogada de la acusación particular han insistido en que continúan los mismos riesgos que el diciembre pasado, cuando el mismo tribunal juzgador denegó la libertad provisional a Alves, antes de la celebración del juicio. Han insistido en su capacidad económica, que le permitiría huir y que la sentencia no es firme. La Fiscalía pide para Alves 9 años de prisión y la acusación, 12 años de prisión.
En cuanto a la condena, es la sección penal del TSJC el que tendrá que resolver si apuesta por mantener la pena, si absuelve a Alves, como pide su defensa, o eleva el castigo al futbolista. Para esta vista todavía no hay fecha.