Operación policial de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona para registrar casi una treintena de pequeños supermercados en diversos distritos de la ciudad y que ha servido para destapar un auténtico festival de irregularidades. En 24 de estos establecimientos se localizaron conexiones ilegales a la red eléctrica, un fraude millonario que ponía en riesgo la seguridad de los vecinos.
Se realizaron inspecciones con agentes de los tres cuerpos policiales en Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, el Eixample y Ciutat Vella, en supermercados que, previamente, ya habían sido vigilados por la policía y se tenía la sospecha de que ocultaban algo. Este tipo de locales, controlados por organizaciones de personas de Pakistán y de Bangladesh, que acostumbran a abrir las 24 horas y que son franquicias de conocidas marcas, acumulan diversas irregularidades, entre ellas pinchar la electricidad, y por ello también se desplegaron trabajadores de Endesa para hacer las comprobaciones. Y acertaron. Según la policía, el volumen defraudado es contundente: 2,85 millones de kilovatios, el equivalente al consumo anual de 814 viviendas. Una cifra que deja al descubierto un sistema de conexiones ilegales que, además del delito económico, generaba un grave riesgo de incendio por sobrecargas e instalaciones sin ningún tipo de protección. Muchos de estos establecimientos se encuentran bajo bloques de pisos, con el peligro añadido para los residentes. Se han denunciado penalmente, por este delito, 26 personas, todas ellas de estas dos nacionalidades.
Alimentos caducados, básculas manipuladas y comercio sin licencia
El fraude eléctrico solo era la punta del iceberg. La inspección integral sacó a la luz un rosario de infracciones administrativas: productos caducados o en mal estado, básculas manipuladas, etiquetados erróneos, ausencia de los carteles obligatorios, problemas graves de seguridad, salidas de emergencia bloqueadas, falta de extintores, lavabos inutilizables e incluso establecimientos que operaban sin licencia. En total, la Guardia Urbana detectó 87 infracciones relacionadas con la salubridad, la higiene y la normativa comercial. Por seguridad, se cortó la luz a los locales que tenían la electricidad pinchada, sobre todo para evitar riesgos de incendio.
Trabajadores explotados e irregularidades en extranjería
La Policía Nacional identificó a 59 personas durante el operativo. Cinco de ellas resultaron ser víctimas de explotación laboral, hecho que ha abierto diligencias por delitos contra los derechos de los trabajadores y contra los ciudadanos extranjeros. Cinco personas más se encontraban en situación irregular y se han iniciado expedientes que pueden acabar en órdenes de expulsión y sanciones a los empresarios. Inspección de Trabajo, por su parte, ha detectado 23 infracciones vinculadas a vulneraciones de derechos laborales y condiciones de seguridad, según el resumen de este operativo de gran alcance.
El despliegue, con decenas de agentes, ha confirmado que el fraude de este tipo de establecimientos, hasta ahora fuera de control, es masivo y orquestado, con un patrón que se repite y que pone también de relieve las mafias extranjeras que controlan este tipo de supermercados de conveniencia que pueblan las calles de la capital del país. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones ni más responsabilidades penales y administrativas. Los servicios municipales y los cuerpos policiales mantienen bajo vigilancia este tipo de establecimientos, especialmente los que operan 24 horas y acumulan denuncias vecinales por malas prácticas, según han explicado a ElCaso.cat fuentes policiales.