La Audiencia de Girona deja en libertad bajo fianza a los líderes de la red de falsificación de carnets de conducir. Trabajaban de manera coordinada toda la familia con un solo objetivo: ganar tanto dinero como fuera posible. Y encontraron la manera de hacerlo sin levantar muchas sospechas: falsear carnets de conducir aprovechando las bases de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) desde Girona. Según las investigaciones de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional la mafia de los carnets de conducir falsificados consiguió acumular 7.000.000 euros.
Fianzas de miles de euros
El 11 de mayo, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional desplegaron el macrooperativo Loki para desmantelar una red que falsificaba carnets de conducir accediendo a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). En la cúpula de la trama, la investigación situaba a un informático que trabajaba para la DGT a través de una empresa externa, su pareja y un hombre arrestado en Quart identificado como la "mano derecha" del informático.
Dos días después, el juzgado de instrucción 1 de Girona decretó prisión provisional sin fianza para los tres supuestos cerebros de la trama. La causa está abierta por delitos de de soborno, blanqueo de capitales, falsedad de documento oficial y grupo criminal.
La defensa de los tres investigados, encabezada por los letrados Sergio Noguero y Carles Monguilod, ha recurrido el encarcelamiento y la Audiencia de Girona ha acordado que los investigados salgan en libertad bajo fianza.
El informático que trabajaba para la DGT podrá salir de la prisión abonando 100.000 euros. La Audiencia fija en 5.000 las fianzas para la pareja del informático y para el hombre arrestado en Quart (Gironès) durante el operativo Loki. Los abogados de la defensa remarcan que harán efectivas las fianzas con el objetivo que salgan en libertad de manera inminente. Una vez en libertad, el tribunal decreta comparecencias quincenales y la retirada del pasaporte para neutralizar el riesgo de huida.
Están en prisión preventiva desde el 13 de mayo, cuando pasaron a disposición judicial. La Audiencia pone en duda que se pueda considerar que el informático, de una empresa externa, fuera funcionario. Eso haría rebajar considerablemente la pena de prisión a la que se podría enfrentar la cúpula de la red una vez cerrada la instrucción y cuando el caso llegue a juicio.
El tribunal recoge las declaraciones en el juzgado de instrucción de responsables de la DGT que han remarcado que el informático se limitaba a hacer "trabajos de soporte", no tenía acceso a contraseñas de tramitación en los aplicativos ni tampoco en las claves de los funcionarios. Por lo tanto, argumenta la sala, los indicios apuntan que las habría conseguido de manera "irregular".
Quién es quién en la red criminal organizada
La investigación identifica un entramado criminal perfectamente organizado y jerarquizado. El quién es quién más exhaustivo, disponible aquí.
En lo alto de la cúpula, estaría el informático trabajador en la jefatura de Tráfico de Girona en septiembre del 2019. Según la investigación, se encargaba de elaborar los permisos fraudulentos junto con su pareja, también detenida en el domicilio de Sant Feliu de Guíxols.
En un segundo nivel del entramado criminal, la instrucción sitúa a los intermediarios, entre ellos lo que sería la "mano derecha" del informático, arrestado en Quart. Los intermediarios contaban, a su vez, con "lugartenientes" que hacían de captadores de clientes, uno de ellos en las comarcas gerundenses y el segundo en la zona de Vic.
El tercer grupo de investigados son los llamados "administrativos". Según la instrucción, utilizaban locutorios para recibir el dinero de los clientes o de los intermediarios, así como la documentación necesaria para hacer los permisos de conducir fraudulentos. La investigación también apunta a un entramado para blanquear el dinero obtenido.
Finalmente, estaría el conjunto de clientes que pagaron entre 4.500 y 15.000 euros para conseguir los permisos de conducir. La instrucción identifica 1.845 gestiones fraudulentas que se tradujeron en 901 carnés falsificados.
La investigación arrancó en junio del 2020, cuando los Mossos d'Esquadra identificaron un conductor que llevaba un carné aparentemente oficial. Enseguida sospecharon que "no se ajustaba a la realidad" porque lo habían detenido hacía poco tiempo por un delito contra la seguridad vial por circular sin permiso. A partir de aquí, la División de Investigación Criminal (DIGO) de los Mossos abrió una investigación y descubrieron que era un carné fraudulento, simulando la convalidación de un permiso de conducir que las autoridades francesas no habían expedido nunca. Eso hizo sospechar que no se trataba de un hecho "aislado" y empezó la investigación conjunta que desembocó en el estallido del caso Loki, con carnés fraudulentos en varias provincias del Estado.