Un vecino de Olot ha sido sancionado con 2.500 euros por empadronar ilegalmente en su piso a diversas personas extranjeras que, en realidad, no vivían allí y solo lo hacían para poder obtener los papeles y darse de alta en los servicios públicos. Todo se descubrió cuando se estaba a punto de realizar el sexto empadronamiento fraudulento. La persona solicitante, de nacionalidad marroquí, se presentó en la Oficina del Padrón de la capital de la Garrotxa (Girona) y los funcionarios del Ayuntamiento vieron que parecía haber algo sospechoso.
Los trabajadores municipales se dieron cuenta de que en esa misma vivienda ya se habían empadronado cinco personas, también marroquíes, que no tenían ninguna vinculación entre ellas. Además, en los diferentes empadronamientos, todos los solicitantes llevaban un documento firmado por el titular de la vivienda, pero el hombre nunca iba con ellos a las dependencias municipales. A raíz de esta situación, no se llegó a empadronar a esta sexta persona y se puso el caso en conocimiento de la Policía Municipal. Los agentes hicieron las comprobaciones oportunas y confirmaron que ninguno de los cinco empadronados vivía allí, así que se derivó el caso a la Policía Nacional por una posible infracción de la ley de extranjería.
Una multa de 2.500 euros para el propietario del piso
Una vez realizadas las gestiones oportunas, los investigadores confirmaron que el propietario del piso, un hombre también marroquí de 49 años, tal como ha podido saber El Caso.com, había empadronado a los cinco inmigrantes y tenía la intención de hacerlo con más. Por este motivo, se le abrió un expediente sancionador por 2.500 euros —500 euros por cada persona empadronada— por una infracción a la ley de extranjería por empadronamiento de manera fraudulenta.
En caso de volver a hacerlo, las futuras sanciones podrían ser aún más elevadas por haber reincidido. Los investigadores, sin embargo, según han explicado fuentes policiales a ElCaso.cat, no pudieron demostrar que el hombre se beneficiara económicamente de estos empadronamientos. En estos casos, cuando el propietario del piso recibe un dinero por permitir el empadronamiento, el pago suele ser en efectivo para no dejar ningún rastro y la única forma de saberlo es que sea el mismo empadronado quien lo acabe confesando. Esto, sin embargo, no suele pasar porque se acabaría incriminando también a sí mismo. De haberse podido probar, la sanción podría haber sido de más de 10.000 euros por cada persona empadronada.