L'Hospitalet de Llobregat ha dicho basta a la proliferación de asquerosos supermercados en sus calles. Si de vez en cuando la Guardia Urbana ya va haciendo inspecciones rutinarias, como la que permitió cerrar un establecimiento lleno de cucarachas en la calle de Sant Roc, ahora se han sumado Policía Nacional y Guardia Civil para realizar un operativo conjunto con 143 agentes, a los cuales también se han añadido 32 técnicos de Endesa, doce inspectores y subinspectores de Trabajo y Seguridad Social y dos inspectores del Departamento de Sanidad del Ayuntamiento. El objetivo: detectar, inspeccionar e investigar irregularidades en este tipo de supermercados y tiendas de alimentación.
Dos de cada tres supermercados tenían la luz pinchada
Los agentes inspeccionaron en total 24 supermercados y una de las infracciones más recurrentes en todos ellos era que tenían la luz pinchada. Concretamente, se detectó este delito en 16 establecimientos, lo que supone un 67% de los inspeccionados, prácticamente dos de cada tres. Con esta irregularidad, los responsables de los establecimientos habrían defraudado 1.159.678,87 kWh, que sería el equivalente al consumo que harían 331 viviendas en un año.
Más allá de la defraudación, estas conexiones ilegales a la red eléctrica podían suponer un grave peligro para los vecinos de la zona, ya que estaban tan mal hechas que había un alto riesgo de que se produjera un cortocircuito y que esto acabara derivando en un incendio que pusiera en peligro a la gente que vivía en los pisos superiores. Finalmente, se hicieron todas las desconexiones, que tenían una potencia de 529,53 kW, y se cortó el suministro fraudulento a catorce locales, de los cuales se investiga a los propietarios, mientras que los otros dos normalizaron la instalación.
Comida caducada y de dudosa procedencia
Los policías también inspeccionaron todos los productos que había en venta en estos establecimientos y rápidamente ya detectaron que muchos de ellos estaban en mal estado o tenían una procedencia dudosa. En este sentido, los agentes se encontraron con comida caducada en las estanterías, incumplimientos en el etiquetado y la trazabilidad de los alimentos, deficiencias higiénicas y productos de contrabando de los cuales no se podría acreditar su importación legal.
Además, también se descubrió que las básculas no habían pasado la inspección metrológica y que los sistemas de videovigilancia no tenían la información exigida. En total, la Guardia Civil puso 50 denuncias: una por contrabando, cinco por irregularidades tributarias en materia de IVA, 25 por incumplimientos a la normativa de protección de datos, trece por deficiencias en seguridad alimentaria, una por cuestiones medioambientales, tres por incumplimientos a la normativa de industria y dos por cuestiones sanitarias.
Trabajadores sin contrato y ninguna medida de seguridad
En el operativo, se identificaron 38 personas, cuatro de las cuales acabaron denunciadas por la Policía Nacional, una incluso detenida, por infringir la ley de extranjería. Además, una persona también ha quedado investigada por un delito de receptación al encontrarle algunos objetos robados. Desde Inspección de Trabajo comprobaron que había una docena de personas trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social o sin permiso de residencia o trabajo, mientras que la Guardia Urbana detectó 67 infracciones municipales relacionadas con la falta de licencia de actividad o la carencia de seguro u hojas de reclamaciones. Muchos de los locales tampoco disponían de extintores y las condiciones de seguridad e higiene eran pésimas, hasta el punto de que se tuvo que cerrar uno de los supermercados al encontrar excrementos de rata.