Tres vecinos de Salt, en el Girona, han sido detenidos por la Policía Nacional después de descubrir que habían cobrado ilegalmente más de 11.000 euros de la prestación por desempleo mientras se encontraban en sus países de origen -concretamente, Gambia y Marruecos- durante más de quince días sin haberlo comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) cómo establece la ley.
El pasado mes de diciembre, el SEPE detectó que tres personas, de 35, 38 y 43 años, que tenían su residencia habitual en el municipio de Salt habían pedido ayudas por estar en el paro, pero que, al mismo tiempo, habían abandonado el Estado español para volver a sus países durante más de dos semanas; según la normativa vigente, hay un máximo de 30 días al año durante los cuales se puede salir fuera de territorio nacional por razones personales -sea porunas vacaciones programadas o una visita familiar al extranjero- pero que se tienen que comunicar. Durante este periodo no se suspende la prestación, pero sí que supone un problema estar fuera más de un mes.
Medio año en su país y cobrando el paro ilegalmente
En concreto, uno de los tres detenidos pasó seis meses en su país mientras cobraba el paro, una salida que no solo sobrepasaba los límites máximos establecidos, sino que no se había comunicado al SEPE por el trámite ordinario habilitado para tal efecto. Con esta maniobra defraudó un total de 7.000 euros a la administración pública.
Al darse cuenta de la situación, desde el SEPE se requirió la devolución de las cantidades que habían percibido mientras estaban en el extranjero de manera fraudulenta, a lo que se negaron. A raíz de esta situación se puso denuncia y los investigadores de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) empezaron a recopilar información sobre la posibilidad de que los sospechosos hubieran incurrido no solo en una infracción administrativa, sino también en un delito contra la administración de la Seguridad Social, extremo que pudieron confirmar. Por lo tanto, quedaron detenidos y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, que los dejó en libertad con medidas cautelares y con la obligatoriedad de presentarse ante el juzgado cuando sean requeridos en juicio oral.