La operación Gruvila —de la fusión de grúas y Vilanova— de la Guardia Civil ha puesto al descubierto un sistema irregular que, según la investigación, permitía desviar vehículos retirados por la grúa municipal de Vilanova i la Geltrú, en el Garraf (Barcelona), y darles una salida al margen del procedimiento legal, es decir, ser vendidos en el mercado negro. Tal como ya avanzó ElCaso.com la semana pasada, el caso ha terminado con cuatro detenidos —un agente de la Policía Local, dos gruistas y una funcionaria— y dos mandos policiales investigados judicialmente. Ahora, con más detalles de la investigación, se puede entender mejor cuál era el modus operandi de este entramado supuestamente criminal: la trama aprovechaba vehículos retirados de la vía pública, a menudo en situación de abandono o sin seguro, que terminaban en el depósito municipal. Estos coches, que legalmente debían seguir un circuito administrativo hasta el desguace o la baja definitiva, eran desviados de su destino.
Vehículos que desaparecían del circuito oficial
La estrategia de estos funcionarios corruptos era intervenir en el momento posterior a la retirada con grúa. Una vez el vehículo entraba al depósito, en lugar de tramitarse correctamente, algunos de estos coches eran, supuestamente, “rescatados” del circuito administrativo. La investigación apunta a que podían acabar en tres vías diferentes: utilizados por los mismos implicados o por su entorno, vendidos a terceros al margen de la legalidad o desguazados por piezas que después comercializaban ellos mismos. Este mecanismo permitía convertir vehículos que, sobre el papel, debían ser destruidos o dados de baja, en una fuente de ingresos irregular. La manipulación del proceso administrativo —desde la retirada hasta el destino final— es lo que sustenta los delitos que se investigan, como malversación de fondos públicos, apropiación indebida o prevaricación.
Una trama interna con diversos roles
Según la Guardia Civil, el sistema no era puntual, sino sostenido en el tiempo y con diversos actores implicados dentro del mismo engranaje municipal de Vilanova i la Geltrú. Los gruistas tenían un papel clave en la retirada y gestión inicial de los vehículos; el policía local arrestado, en la supervisión o control del proceso; y la funcionaria, en la tramitación administrativa que permitía dar cobertura documental a las irregularidades, siempre según la versión de los investigadores del Instituto Armado. La investigación, que se inició a finales de 2025 a raíz de una denuncia interna, también apunta a la posible implicación de mandos policiales, que habrían tenido algún grado de participación o conocimiento de los hechos. La semana pasada, cuando ElCaso.com avanzó la información, los agentes de la Guardia Civil entraron en las dependencias municipales e hicieron los cuatro detenidos, que quedaron en libertad al cabo de pocas horas.
Los investigadores sospechan que el número de vehículos afectados puede ser elevado y no descartan que haya más implicados. Por ello, han hecho un llamamiento a ciudadanos que hayan tramitado la retirada, cesión o baja de vehículos en Vilanova para que revisen la documentación y aporten información si detectan irregularidades. El caso está bajo secreto parcial y el juzgado de Vilanova i la Geltrú que instruye la causa deberá aclarar hasta qué punto este sistema estaba estructurado y qué volumen económico podría haber generado. La investigación continúa abierta, según la Guardia Civil.