A simple vista, parecía un taller mecánico de lo más normal, situado en El Perelló, junto a la Serra de Cardó, donde llevaban sus vehículos los conductores, no solo vecinos de este municipio de solo 3.000 habitantes, sino también los de otras poblaciones de la comarca del Baix Ebre, en Tarragona. En la finca no faltaba de nada: maquinaria profesional, un circuito de pruebas propio e incluso una grúa para recoger y entregar los coches y las motocicletas a los clientes sin levantar sospechas. Detrás de las puertas del taller, sin embargo, se escondía una actividad totalmente clandestina: un taller de reparaciones que nunca había obtenido ningún permiso, que actuaba sin ningún tipo de control ni seguridad y que, además, vertía residuos tóxicos a la naturaleza.
Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza —SEPRONA— de la Guardia Civil de Tortosa quien, haciendo tareas rutinarias de vigilancia del medio natural en la Serra de Cardó, detectó un movimiento de vehículos extraño. Los agentes iniciaron una investigación y entraron dentro del taller. En el interior, vieron una veintena de vehículos, como todoterrenos, motos, coches e incluso tractores, en diferentes fases de reparación que nunca pasarían ningún registro oficial. Los investigadores comprobaron que el taller no solo operaba sin ninguna licencia municipal, sino que se encontraba a tocar de un Espacio de Interés Natural y que los responsables de este negocio clandestino apilaban el aceite usado, los filtros contaminados y la chatarra tóxica sin ningún tipo de control, directamente sobre el suelo, sin contenedores homologados ni contratos con gestores de residuos.
Sin seguridad para los trabajadores
La inspección, además, reveló una precariedad absoluta en cuanto a la seguridad laboral. El taller no tenía ventilación, ni señalización de emergencia, ni equipos de protección individual para los trabajadores. Los agentes del SEPRONA de la Guardia Civil han tramitado ahora varias denuncias que han sido enviadas tanto al Ayuntamiento de El Perelló como a los departamentos responsables en la materia de la Generalitat de Catalunya. Algunas de estas querellas, consideradas como graves, podrían comportar multas de hasta 300.000 euros, especialmente las relacionadas con el medio ambiente.